Calderón: Veday oportunismo
| Autor | Jesús Cantú |
En el momento en que desaparecieron de los medios de comunicación los promocionales de los precandidatos a la Presidencia de la República se multiplicaron los del gobierno federal, con un costo altísimo para el erario, pues en estos momentos todos los tiempos del Estado los maneja el Instituto Federal Electoral y, por lo tanto, toda la publicidad de todas las instancias de gobierno es, en tiempo comercial, comprado con recursos públicos.
Por lo tanto, lo primero que hay que revisar es si el presupuesto del gobierno federal para el 2012 contemplaba una partida tan alta para compra de espacios en los medios de comunicación, y establecer las responsabilidades en que pudieron haber incurrido los funcionarios por desviar el destino de los recursos públicos.
El extremo de dispendio fue el acto que Calderón realizó el miércoles 28 de marzo en el Auditorio Nacional, donde, con la parafernalia propia de un informe presidencial, dirigió un mensaje para difundir lo que a su "juicio son los elementos y los cambios fundamentales que ha vivido nuestro gran país en los últimos cinco años". Proliferaron los autoelogios y la exposición de los supuestos éxitos, sin ninguna autocrítica ni evaluación ponderada.
Según el mismo Calderón, las leyes mexicanas lo obligaron a realizar este acto, pues a partir del viernes 30 de marzo, "a diferencia de otras democracias, en nuestro país no será posible que el gobierno exprese con esa misma libertad sus argumentos o sus puntos de vista". Cierto que la legislación mexicana establece una especie de mordaza, a todas la autoridades, durante los tres meses que faltan para la jornada electoral del 1 de julio, pero lo hace porque durante todo el resto del tiempo les permite excesos que no se autorizan en "otras democracias", para utilizar su mismo argumento.
Un ejemplo muy ilustrativo de esto es la legislación que regula la publicidad y la comunicación institucional en España, vigente desde el 29 de diciembre de 2005. Allí se señala con toda claridad que el objetivo de las campañas institucionales es la utilidad pública, lo que implica "la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve", que son las autoridades.
Para ello explícitamente asienta el artículo 4: "No se podrán promover o contratar campañas institucionales y de comunicación: a) que tengan como finalidad...
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