Cadalso
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La única ley secundaria de las pomposas reformas estructurales de
EPN que pudo salir durante el actual periodo ordinario de sesiones,
fue la Ley de Competencia Económica, en gran parte, gracias a la
hábil negociación de los Senadores J. Ascensión Orihuela Bárcenas
del PRI y Alejandro Encinas Rodríguez del PRD. No obstante que
los legisladores de todos los partidos habían ofrecido que en este
período ordinario aprobarían todas las leyes secundarias de las
reformas constitucionales recientes –la energética, de telecomunicaciones, la política-electoral y la de competencia económica-,
únicamente pudieron aprobar esta última con un hábil manejo de
los presidentes de las Comisiones de Fomento Económico (Orihuela) y
de Estudios Legislativos (Encinas), que le dieron la vuelta a las pretensiones del Ejecutivo Federal de atorar su aprobación con nuevas exigencias
sobre los acuerdos parlamentarios previamente pactados. Casi al final
del período ordinario, el pasado viernes 25 de abril, aprobaron en comisiones la iniciativa de ley correspondiente, reglamentaria del artículo 28
constitucional y la presentaron al Pleno que la aprobó ese mismo día, con
105 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Esta ley pretende garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir y castigar con severidad las prácticas
monopólicas y las concentraciones ilícitas. Establece que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) es un órgano autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, imparcial en sus actuaciones y que tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica. La negociación conducida por los citados legisladores constituye una muestra de que lo debe hacerse en la labor parlamentaria para concretar acuerdos y cumplir con los compromisos que se adquieren frente a la sociedad.
El Congreso aprobó recientemente incrementar las penas
contra secuestradores hasta un máximo de 140 años de
prisión, pretendiendo con ello contener el incremento de secuestros en los últimos dos años. La reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de
Secuestro y del artículo 25 del Código Penal Federal, incrementó las penas para quienes cometan este grave delito, de
40 a 80 años de prisión y, en caso de registrarse agravantes,
de 50 a 140 años. En realidad se trata de una medida demagógica y de una salida por la puerta falsa, básicamente por 2...
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