Boletas y "seguridad nacional"
| Autor | Jesús Cantú |
El acceso a los paquetes electorales y, por ende, a las boletas una vez concluido el proceso ha sido un tema controvertido en los dos comicios más competidos y cuestionados de la historia mexicana: las sucesiones presidenciales de 1988 y 2006. En ambas, las autoridades evitaron el acceso a los paquetes: en el primero, tras mantenerlos en las bodegas de la Cámara de Diputados -entonces ésta se erigía como Colegio Electoral y era la responsable de declarar al validez de la elección- por más de tres años, hasta que la legislatura decidió incinerarlos; en el segundo, tras prolongadas batallas legales en tribunales nacionales e internacionales, finalmente en octubre de 2012 el Consejo General del IFE aprobó la destrucción de los mismos, tal como ordenaba el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En las dos elecciones la percepción ciudadana mayoritaria fue que los resultados de la contienda fueron alterados para luego destruir las evidencias del fraude.
Aunque nunca se argumentó explícitamente en esos términos la disposición del párrafo 2 del artículo 302 del Cofipe, que señalaba: "una vez concluido el proceso electoral, se procederá a su des-trucción", tenía la intención de evitar polémicas sobre dicho procedimiento en función de lo sucedido en la contienda de 1988. Y pese a que una interpretación sistemática de la ley implica que la determinación de destruir los paquetes no cancela la posibilidad de acceder a los mismos, para la realización de estudios o incluso verificaciones una vez concluido el proceso, la realidad es que las autoridades se han empeñado en preservar la secrecía.
El 30 de enero de 1998 el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro del acuerdo de destrucción de los materiales electorales del proceso correspondiente a 1997, aprobó la preservación de una muestra de paquetes para realizar estudios que permitieran el perfeccionamiento de los materiales y procedimientos, pero esto fue impugnado por el PRI. El 18 de marzo de ese mismo año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó dicha parte y ordenó eliminar inmediatamente la totalidad de los paquetes.
Posteriormente, en octubre de 2003, el acuerdo del consejo volvió a considerar la realización de dichos estudios, y en esa ocasión, como nadie impugnó el acuerdo, sí se pudieron realizar. A partir de esa elección se han realizado estudios en todos los procesos electorales, salvo en los comicios...
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