Avanza el proyecto para una nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
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Con fecha 9 de febrero de 2006, el senador Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional, presentó ante la Cámara de senadores la iniciativa que contiene proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa; y en esa misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
El pleno de la Cámara de senadores aprobó el dictamen correspondiente a la iniciativa citada el 18 de abril de 2006 y se turnó a la Cámara de diputados para sus efectos constitucionales.
De esta forma, el 19 de abril de 2006 se presentó ante el pleno de la Cámara de diputados y se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El pleno de la Cámara de diputados aprobó el pasado 28 de marzo el dictamen presentado por la Comisión de Justicia. Con esta nueva ley se pretende otorgar al pleno del Tribunal la posibilidad de abocarse primordialmente a la atención de los asuntos de índole jurisdiccional, mediante la creación de la Junta de Gobierno y Administración, cuya función principal será dictar las medidas para el buen funcionamiento del tribunal, dejando al pleno sólo la atención de las decisiones administrativas más relevantes, como la propuesta de nombramiento de magistrados al Presidente de la República, la expedición de su Reglamento Interior y la del Estatuto del Servicio de Carrera.
Asimismo, cabe citar los siguientes aspectos del proyecto de la nueva ley:
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Se destaca la importancia, en materia de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el nombramiento de los magistrados que integran el Tribunal, para que sea el Presidente de la República quien realice el nombramiento correspondiente, con la aprobación del Senado de la República, o en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
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Que la duración en el encargo de los magistrados del Tribunal sea de 15 años para los que integran la Sala Superior y 10 años para los que integran la Sala Regional y los magistrados supernumerarios, otorgando con ello una continuidad en la formulación y aplicación de los criteriosjurisdiccionalesy políticas administrativas, así como una mayor estabilidad en el ejercicio del encargo.
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Se prevé que los magistrados que concluyan sus funciones puedan ser considerados para un nuevo nombramiento, siempre que sean propuestos por el pleno de la Sala Superior del Tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración. Este mecanismo otorgará certeza para el ejercicio de las funciones...
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