Autonomía simulada
| Autor | Jesús Cantú |
Durante el sexenio salinista se concretó la autonomía al Banco de México y fueron creados, jurídicamente con ese carácter, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; sin embargo, en los hechos, el entonces presidente Carlos Salinas mantuvo siempre el control de los mismos a través de los miembros de sus órganos de gobierno.
Cuatro sexenios después la receta se repite, con las adecuaciones que el actual reparto de poder demanda. Así, el Ejecutivo y el PRI aseguran su predominancia, pero aceptan compartir la integración de los órganos de gobierno con las dirigencias del PAN y el PRD. Los ejemplos más claros de esto son la conformación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Proceso 1953) y la del órgano de gobierno del Instituto Federal de Acceso a la Información (Proceso 1957). En el caso de los Consejos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica sucede lo mismo, pero en ese caso el reparto se hace con las televisoras, las empresas de telecomunicaciones y los oligopolios con prácticas monopólicas.
Las voces que demandaban la creación de más órganos con autonomía constitucional se multiplicaron, luego de los buenos resultados obtenidos tras la conquista de la autonomía real de Banxico, a partir de la alternancia en el Ejecutivo en 2000, y del IFE con la designación del Consejo 1996-2003; incluso, por los avances en materia de transparencia y acceso a la información que impulsaron los primeros consejos del IFAI.
La demanda se mantuvo a pesar de que la involución empezó desde octubre de 2003, cuando el PAN y el PRI impusieron su mayoría calificada en la Cámara de Diputados para repartirse las nueve posiciones del Consejo General del IFE; y se reforzó cuando
Felipe Calderón aprovechó sus atribuciones para designar a sus incondicionales en el IFAI, impulsar a su secretario de Hacienda como gobernador del Banco de México, y enviar a su secretario de Economía a la Presidencia del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, una vez que se le concedió formalmente su autonomía.
En la última reforma constitucional en materia político-electoral también se agregó el apartado "C" al artículo 26 constitucional para dotar de autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que opera, desde su creación en enero de 2004, con la Ley General de Desarrollo Social, como "un organismo público descentralizado"...
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