Armas en las manos inadecuadas
Autor | Jesús Acosta |
El NORTE/Gran Bretaña
LONDRES.- Es vívida la memoria de regímenes de terror tales como el Chile de Pinochet, donde fueron utilizadas aeronaves y transporte fabricado en Gran Bretaña. Pero, sin ir tan lejos, países que actualmente son señalados como sitios de sufrimiento masivo y de persecución de la disidencia, tales como China, Arabia Saudita, India, Pakistán, Zimbabwe y Sierra Leona, se benefician de este enorme negocio con matriz británica.
Esta es la conclusión que se desprende de dos minuciosos informes elaborados por instancias especializadas del Parlamento y el Gobierno británicos, publicados a finales de julio en Gran Bretaña, que han evidenciado lagunas importantes en el control gubernamental sobre las transacciones de armas y la ruptura del código de ética enarbolado por la diplomacia oficial.
Al menos "un perturbador grado de desorden y confusión" es lo que impera, fue el señalamiento hecho por un comité temático de la Cámara de los Comunes en un informe dado a conocer recientemente. "Hay un comprensible enojo cuando se detecta que armas fabricadas en Gran Bretaña han sido usadas para oprimir o aterrorizar a la gente, o para poner en peligro las vidas de nuestros hombres o mujeres en servicio o de civiles", dice el informe realizado por parlamentarios miembros de las comisiones de Defensa, Asuntos Exteriores, Desarrollo Internacional e Industria y Comercio.
La intervención de Zimbabwe en la guerra civil de la República del Congo, en agosto de 1998, así como los ataques contra granjeros blancos y un acoso creciente contra la Oposición política han puesto los reflectores internacionales sobre ese país en los últimos años y llevado al Gobierno británico a restringir el suministro de armas a esa región.
Sin embargo, esa política desarrollada por el Reino Unido fue conducida "sin transparencia", con "insuficiente monitoreo", e incluso en franco quebrantamiento de sus propias reglas y las de la Unión Europea (UE), acusaron los Parlamentarios.
Tal política se aplicó "sin la claridad de un embargo formal y ni de una declaración de política pública", afirmaron, lo que permitió un débil control de las autorizaciones a los comerciantes de armas.
El embargo "informal" aplicado a Zimbabwe después de agosto de 1998, y "desconocido por el Parlamento", no fue tan "restrictivo", acusa el Comité. "Varias licencias de exportación de armas fueron otorgadas a fines de 1998 y a principios de 1999 para componentes de artículos militares".
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