Aplastar la protesta, política oficial
| Autor | Rosalía Vergara |
Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando fue investido presidente, se comenzó a criminalizar la protesta. Ese día el Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal blindaron la Cámara de Diputados con vallas de tres metros para controlar a los jóvenes del extinto movimiento #YoSoy132, que cuestionaron su triunfo.
Un grupo de encapuchados se infiltró en las manifestaciones de los miembros del colectivo y confrontaron a los uniformados. Fueron repelidos con gases lacrimógenos, balas de goma, piedras, bombas Molotov. El saldo: 92 detenidos y decenas de heridos (Proceso 1883).
Cuatro años después queda claro que el gobierno de Peña Nieto "ha cerrado las puertas del diálogo y ha abierto las puertas del autoritarismo", sostiene Agustín Rodríguez Fuentes, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM y uno de los presidentes colegiados de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Rodríguez fue el único de los tres presidentes colegiados de la unión -los otros dos son el secretario general del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, y su par del sindicato de pilotos, el capitán Mario González Aguilera- que aceptó una entrevista con este semanario para hablar sobre el apoyo de la UNT al magisterio disidente.
"Efectivamente, hay la sensación de que se está generando una línea política de criminalizar la protesta. Ante cualquier acción, utilizar a los medios de comunicación y a la policía para apagar cualquier reclamo que se dé. En eso no podemos estar de acuerdo ni cruzados de brazos", asevera, luego de la reunión del martes 14 en la sede del Sindicato de Telefonistas.
Durante la entrevista muestra la empatía de la UNT con la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa porque, dice, "lesiona derechos fundamentales de los trabajadores de la educación. Su derecho a la promoción, a la estabilidad en el empleo, la posibilidad de un desarrollo laboral pactado bilateralmente. Eso no existe en esa reforma".
Según Rodríguez Fuentes, es coercitiva porque, pese a conceder facilidades para la capacitación del trabajador, sanciona al maestro que no cumpla de manera rigurosa la aplicación de criterios educativos manejados unilateralmente por el gobierno.
En la mayoría de los sindicatos -abunda-, esos criterios laborales se manejan de manera bilateral. Las promociones se manejan bilateralmente, los ingresos se manejan bilateralmente. ¿Por qué negar todo eso? ¿Por qué aplicar una línea de...
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