Anomalías que ensucian
| Autor | Josefina Licitra |
Buenos Aires.- Por primera vez desde su nacimiento en 1977, la Asociación Madres de Plaza de Mayo (AMPM) se ve involucrada en un presunto hecho de corrupción.
El centro de las acusaciones es Sergio Schoklender, mano derecha de la dirigente de la AMPM, Hebe de Bonafini, y hasta el pasado 25 de mayo apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Esta organización, subsidiaria de la AMPM, fue creada para realizar tareas de acción social y durante los últimos cinco años recibió del Estado unos 75 millones de dólares destinados a la construcción de viviendas populares.
Ese capital transformó a la fundación en una de las mayores constructoras de Argentina, y quizá en una fuente de tentación para Schoklender. Esto se deduce por el incremento de su patrimonio mediante la constructora Meldorek. Esta empresa, fundada en junio de 2003 para edificar las casas de la fundación, tiene entre sus accionistas a Schoklender –quien posee 90% del paquete accionario– y cuenta entre sus activos bienes cuya adquisición es difícil de justificar.
Una escritura de febrero de 2010, a la que accedió el diario Clarín y que fue publicada en su edición del lunes 6, advierte que Meldorek posee un Ferrari valuado en 250 mil dólares, un yate “Sirius” de medio millón de dólares, un Porsche 911, dos aviones y 16 terrenos en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, tiene una mansión con 19 habitaciones, 14 baños, canchas de tenis y futbol, vestuarios, un cobertizo y una alberca.
Lo paradójico del caso es que mientras la empresa Meldorek presuntamente se enriquecía con recursos del erario, la fundación –que contrató a esta empresa sin licitación previa– emitió cheques sin fondos por 400 mil dólares. Es inexplicable que no se detectara esa irregularidad financiera si se tiene en cuenta que cualquier empresa que gire un cheque sin fondos debería quedar automáticamente impedida para emitir nuevos documentos cobrables.
Todas estas anomalías empezaron a ser denunciadas en 2010 por Elsa Quiroz, diputada por la Coalición Cívica, una alianza opositora al gobierno. Sin embargo, los señalamientos tuvieron eco hasta el pasado 30 de mayo, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) –un organismo gubernamental– hizo una presentación judicial que derivó en la apertura de una causa contra Schoklender por presunto lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación a la administración pública.
“En mayo de 2010 recibimos datos que daban cuenta de operaciones claramente irregulares”...
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