Amenazas de la inmunidad del poder público: los derechos de víctimas, indiciados y procesados
| Autor | Guillermo Zepeda Lecuona |
| Páginas | 284-336 |
V. AMENAZAS DE LA INMUNIDAD DEL PODER
PÚBLICO: LOS DERECHOS DE VÍCTIMAS,
INDICIADOS Y PROCESADOS
… la acusación privada responde más a los impulsos
del rencor y de venganza que a hacer efectiva la justicia:
… los mismos directamente perjudicados rehúsan for-
malizar y continuar una acción, o porque sus principios
humanitarios los inclinan a perdonar al delincuente,
o por evitarse las molestias y gastos de los procedimien-
tos judiciales, o por sustraerse a las responsabilidades
en que puedan incurrir por falta de prueba, o por
haberse concertado con el autor del delito.
Comisión Revisora del Código de Instrucción
Criminal de Uruguay, Montevideo, 18781
Es necesario no perder de vista el proceso, se debe
visitar al juez con regularidad y también en ocasio-
nes de emergencia, y hacer todo lo posible por con-
servar su buena disposición…
Algunas veces que le dije al abogado que Block
acababa de llegar y que estaba aquí, tardó tres días en
recibirlo. Y si Block no está cuando él le llama, pier-
de la oportunidad…
—Sí, a medida que el tiempo transcurre se va con-
virtiendo uno en subordinado del abogado.
Franz Kafka, El proceso2
De acuerdo con los elementos de diagnóstico presentados, el mar-
co institucional y organizacional de la procuración de justicia penal
284
1Citado por Sergio García Ramírez, Curso de derecho…, op. cit., p. 210.
2Franz Kafka, El proceso, op, cit., pp. 184 y 208, respectivamente.
y la saturación, inefectividad e ineficiencia con las que opera esta-
blecen condiciones que pueden debilitar la capacidad de las procu-
radurías y, en particular, del ministerio público para brindar apoyo y
representar cabalmente los intereses, derechos y expectativas de jus-
ticia penal de la sociedad y de las víctimas del delito.
También, las condiciones en que opera la procuración de justicia
pueden repercutir en la debilidad de los instrumentos de control
sobre el ejercicio de las atribuciones de los funcionarios (como vimos
en algunos casos, atribuciones discrecionales de facto), generando
espacios de inmunidad para la actuación de las autoridades, así
como ocasiones para la violación de derechos fundamentales de los
ciudadanos. Las víctimas del delito y las personas sometidas a inves-
tigación o a proceso penal pueden quedar en situación vulnerable
ante cualquier desviación de poder y sin los instrumentos de control
para hacer valer las garantías del sistema penal. En este capítulo se
mostrarán algunos actos de molestia y los indicios de subversión o
incumplimiento de principios como el de legalidad y persecución
pública u oficiosa del delito.
Se ha insistido sobre las insuficiencias e inconsistencias de la infor-
mación estadística disponible para la realización de este estudio: en
los dos capítulos anteriores en que analizamos sendas encomiendas
o ámbitos de actividad de las procuradurías, primero como autoridad
investigadora durante la averiguación previa y después como parte
acusadora en el proceso penal, se dejó constancia de la necesidad de
contar con información más desagregada y consistente para poder
refinar los diagnósticos y profundizar el análisis para tener mejor
comprensión de este fundamental problema social.
Sin embargo, para abordar el estudio de los derechos de las vícti-
mas, así como de los indiciados y procesados que conforman, junto
con la averiguación previa y la acusación, las tres atribuciones o
encomiendas primordiales de las procuradurías, que hemos propues-
to como líneas de diagnóstico para determinar en qué grado se
alcanzan los fines sociales de la procuración de justicia penal en el
ámbito local, salta a la vista la escasez de información estadística para
estos rubros.
AMENAZAS DE LA INMUNIDAD DEL PODER PÚBLICO 285
Por otra parte, una gran proporción de violaciones a los derechos
fundamentales no llega a ser reportada a las instancias correspon-
dientes, es decir, existe una elevada “cifra negra”. Sólo disponemos de
indicadores aproximados, como son el número de quejas ante los or-
ganismos de derechos humanos. Por lo demás se tuvo que recurrir a
la observación directa de las prácticas en el seno de las procuradurías
y tribunales, así como a la recopilación de la escasa evidencia empíri-
ca disponible, como los resultados de recientes encuestas de victimi-
zación y de percepción de usuarios y la entrevista con funcionarios,
litigantes y usuarios de los servicios de las procuradurías.
De lo expuesto en los capítulos anteriores puede establecerse que
uno de los momentos procedimentales en los que más vulnerable
puede estar la esfera de derechos ciudadanos es durante la averigua-
ción previa, en virtud de los amplios alcances de las atribuciones de
la autoridad encargada de investigar los ilícitos, y a causa de las limi-
taciones de los controles internos a los que se sujeta primordialmen-
te ese procedimiento.
La información estadística disponible que hace referencia a perso-
nas objeto de una averiguación previa es el número de personas con-
signadas, es decir, sólo el número de personas a las que se ha puesto
a disposición del juzgador como detenidos (capturados en flagrancia
o por caso de urgencia), presentados (cuando tienen libertad provi-
sional bajo fianza o suspensión derivada de la tramitación de un am-
paro) o como capturados en virtud de la ejecución de una orden de
aprehensión (la información de presuntos responsables suele darse
de manera agregada sin distinguir estas tres categorías). Sobre el res-
to de las personas involucradas en una investigación no se divulga la
información sobre su número ni las causas por las que se determinó
su liberación.
Desde luego el sigilo y la naturaleza administrativa del procedi-
miento de averiguación previa determinan que no se puedan dar a
conocer los datos de las personas que estuvieron detenidas con moti-
vo de una investigación, pero es muy importante que se cuente con
información y transparencia en el manejo de los casos y que se dis-
ponga de mecanismos efectivos de supervisión del respeto de los de-
286 EVIDENCIA EMPÍRICA PARA EL DIAGNÓSTICO
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