Aguascalientes. Activos, los tentáculos del exprocurador Felipe Muñoz
| Autor | Mónica Cerbón |
AGUASCALIENTES, AGS.- La mañana del 14 de diciembre de 2020, el abogado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, procurador de Aguascalientes de 2010 a 2015, compareció ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) por los señalamientos de tortura en agravio de siete personas, en actos en los que él y su equipo de trabajo presuntamente participaron durante ese periodo.
El imputado negó los cargos y solicitó al Ministerio Público tomar en cuenta informes médicos, peritajes psicológicos y el resultado de otras investigaciones por esos mismos casos que, dijo, fueron cerrados sin ejercer acción penal, según su declaración consultada por Proceso.
Es la única vez que Muñoz Vázquez ha respondido ante las autoridades ministeriales por imputaciones en su contra hechos por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según su recomendación 17VG/2019.
Las propias víctimas comentan que en su momento algunos jueces y médicos aportaron a la dependencia que encabezó el acusado pruebas de la tortura de los detenidos e incluso presentaron denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA). De 2019, cuando los casos comenzaron a investigarse, a la fecha no ha habido resultados, dicen los agraviados.
Según la CNDH, peritajes médicos y psicológicos emitidos por la entonces Procuraduría fueron omisos en consignar las torturas que, en algunos casos, hicieron que las víctimas permanecieran semanas hospitalizadas. La falta de transparencia en la actuación de la Procuraduría cuando Muñoz Vázquez estuvo al frente de la dependencia, hace que las pruebas que él pide tomar en cuenta no sean confiables.
En la recomendación de la CNDH se acreditaron 19 víctimas y el único funcionario señalado con nombre y apellidos es precisamente Muñoz Vázquez, quien -de acuerdo con los testimonios analizados por la institución- presuntamente participó de manera directa en las golpizas. "Especial preocupación generan los testimonios, tanto de víctimas como de exservidores públicos, sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en dicho lugar".
El caso sigue abierto no sólo porque los agraviados, quienes padecen secuelas físicas y emocionales, no han obtenido justicia, sino porque en los años recientes aumentan los testimonios contra el exprocurador y su equipo. Son más de 200 las personas que afirman haber sufrido tortura por personal de la Procuraduría estatal, la mayoría durante 2011, año en el que, según la narrativa oficial, una disputa entre cárteles de la droga afectó a la entidad.
A finales de junio pasado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) difundió el informe Hasta perder el sentido, el cual destaca que entre 2011 y 2014 en Aguascalientes hubo "una práctica sistemática de tortura y malos tratos... planeados, coordinados y realizados por funcionarios de la Procuraduría estatal", un delito que no prescribe.
Durante ese periodo, al menos 40 personas (33 hombres y siete mujeres) sobrevivieron a las palizas, quemaduras corporales, violencia sexual y psicológica, arraigo prolongado y otras violaciones a sus derechos humanos para obligarles a culparse de delitos que no cometieron. Hoy, 30 de esas víctimas permanecen en prisión.
Según el informe, en 17 de los casos "un alto funcionario" participó o estuvo presente durante las torturas. Algunos de los señalados trabajaban en la propia Procuraduría; otros, en la Defensoría Pública del estado. Muchos siguen en funciones en la actual Fiscalía General del Estado (FGE), en el gobierno estatal o en el Poder Judicial.
Los carpetazos
En 2019, tras la publicación de su recomendación 17VG/2019, la CNDH anunció que interpondría una denuncia penal contra quien...
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