ACTO de discriminación. Subsiste cuando la institución educativa inscriba a un menor de edad con discapacidad, pero lo haga en un grado escolar distinto al que legalmente le corresponda. IX-P-SS-41
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y precisa las repercusiones que tiene el hecho de repetir
dicho grado de forma extraocial y en franca violación a
la normatividad educativa vigente, es claro que la acep-
tación de la víctima respecto de tal recomendación deri-
va de un consentimiento que está viciado por error y; en
consecuencia, no puede considerarse que dicha circuns-
tancia implique la inexistencia del acto de discriminación.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19141/19-17-10-
1/897/21-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional
de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa, en sesión de 10 de noviembre de 2021, por una-
nimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora
Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Ángel Fernando
Paz Hernández.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de marzo de 2022)
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
IX-P-SS-41
ACTO DE DISCRIMINACIÓN. SUBSISTE CUANDO LA INS-
TITUCIÓN EDUCATIVA INSCRIBA A UN MENOR DE EDAD
CON DISCAPACIDAD, PERO LO HAGA EN UN GRADO ES-
COLAR DISTINTO AL QUE LEGALMENTE LE CORRES-
PONDA.- De los artículos 1 y 3 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos se colige que en nues-
tro país se reconoce el derecho humano a la educación,
así como a la no discriminación por diversas causas como
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166Tribunal Federal de Justicia Administrativa
las discapacidades o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas. Por su parte,
de los artículos 2, 24, punto 2, inciso c) de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; así
como el diverso 2 fracciones II y IX de la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad y el numeral 1,
párrafo 2, fracción III y 9 fracción XXII Ter, de la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se advierte que
es una obligación de las instituciones educativas en favor
de las personas con discapacidad la implementación de
ajustes razonables para garantizarles el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones con los demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales, dentro de
los que se encuentra el derecho a la educación y la conti-
nuidad ocial del proceso educativo, a n de que alcance
el máximo logro de aprendizaje. En este sentido, el hecho
que la institución educativa haya inscrito a un menor de
edad en situación de discapacidad, pero lo haya hecho en
un grado escolar distinto al que legalmente le correspon-
día y en clara contravención a la normatividad educativa
vigente, implica la subsistencia del acto de discriminación
en la medida que, en ese caso, la institución debe inscri-
birlo en el grado correspondiente y adoptar las acciones
y ajustes necesarios a n de garantizar una educación de
calidad y eliminar las barreras para el aprendizaje que pu-
diera encontrar en su proceso educativo.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19141/19-17-10-
1/897/21-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional
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de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa, en sesión de 10 de noviembre de 2021, por una-
nimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora
Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Ángel Fernando
Paz Hernández.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de marzo de 2022)
C O N S I D E R A N D O :
[…]
SÉPTIMO.- […]
En esta tesitura, siendo que en el caso, a través de la
resolución recurrida, el Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación impuso a la actora diversas medidas ad-
ministrativas y de reparación, con motivo de un presunto
acto de discriminación en agravio de la niña ********** quien
funge como tercera interesada en el presente juicio, a
través de su madre, el principio de “
INTERÉS SUPERIOR
DE LA NIÑEZ
” constituye un elemento hermenéutico de
primer orden para delimitar el contenido y alcance de los
derechos humanos de ese menor colocándolo como su-
jeto prevalente de derechos, es decir, el menor debe
ser destinatario de un trato preferente, por su carácter
jurídico de sujeto de especial protección, lo que impli-
ca que es titular de un conjunto de derechos que deben
valorarse de acuerdo con sus circunstancias especícas,
por tanto, el interés superior de la niñez constituye un
principio rector de rango constitucional.
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