El acceso a Internet: la disputa
| Autor | David Sánchez López |
| Páginas | 66-67 |
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La polémica resurgió el 11 de enero cuando el activista estadounidense y creador del servicio RSS, Aaron Swartz, se suicidó aparentemente por las presiones que enfrentaba tras ser demandado por descargar 4.8 millones de documentos académicos protegidos por copyright y compartirlos a través de internet. Luego, como segundo elemento de este efervescente clima, se dio la puesta en marcha de una nueva plataforma de intercambio de datos en Nueva Zelanda, a cargo del empresario Kim Dotcom, quien fuera propietario de la desaparecida Megaupload. Por la operación de esta empresa, que permitía intercambiar de forma libre películas y música protegidas por copyright, Dotcom recibió acusaciones de piratería en gran escala y de provocar un daño por 500 millones de dólares.
A estos casos se le suman escenarios locales que reflejan la importancia de Internet para nuestros días. Por ejemplo, a mediados de enero de este año, una corte en Alemania determinó que el servicio de Internet es una parte esencial de la vida -y por tanto la gente tiene derecho a exigir a su compañía una compensación en caso de que el servicio sea suspendido-.
Por su parte, en México, 13 organizaciones de la sociedad civil se han lanzado a recolectar firmas para llevar una propuesta al Congreso, con la cual, se garantice la conectivi-dad a nivel nacional de manera gratuita, elevando a rango constitucional el derecho al acceso a Internet. La forma de lograrlo sería con la fibra óptica que ya tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la instalación de tecnología inalámbrica de largo alcance que utilice los canales vacíos del espectro radioléctrico por la transición de las señales analógicas a las digitales.
De acuerdo con las organizaciones mexicanas a la hora de presentar el proyecto en enero pasado, la conectividad universal a Internet permitiría que el PIB nacional aumentara 1.38% por cada 10% de la población conectada en Internet; sería una herramienta para combatir la inequidad y el rezago, y además garantizaría el ejercicio de derechos como la libertad de expresión o el acceso a la información.
Esta propuesta es de vital importancia en un país que cuenta con el 40% de su población conectada a Internet, de acuerdo con la AMIPCI, una cifra muy por debajo de las metas planteadas en el anterior sexenio de llegar al 70% de usuarios.
Lo que se pretende en nuestro país es alcanzar el rango que ya tienen países como Finlandia, Estonia, España, Grecia y Costa Rica de dar...
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