Abre Corte debate de la 'ley Televisa'
| Autor | Víctor Fuentes |
MÉXICO.- El dictamen sobre la "ley Televisa" que la Corte comienza a analizar este lunes plantea que el Estado evite el acaparamiento del espectro radioeléctrico "Deberá procurarse que el acceso a la adquisición, operación y administración de los servicios de radiodifusión se otorgue de manera transitoria y pluralmente, a fin de evitar la concentración de este servicio de interés público en grupos de poder", señala el proyecto de dictamen elaborado por el Ministro Salvador Aguirre.
Entre los argumentos del recurso de inconstitucionalidad que propone aceptar, el Ministro expone que la Ley Federal de Radio y Televisión (LRT) sólo rige para radio y televisión abiertas, mientras que la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) regula telefonía, audio y televisión restringidas, internet y otros servicios.
También aclara que la reforma de 2006 sólo modificó el régimen de otorgamiento de concesiones para radio y televisión abiertas, por lo que limita su estudio a este tema.
Agrega que el espectro radioeléctrico se divide en nueve bandas de frecuencia, una para cada uso, y que hay zonas geográficas de cobertura.
Aguirre señala que el Estado tiene en todo momento la facultad de "recuperar" o "reasignar" bandas de frecuencia concesionadas, si el avance tecnológico (transición del sistema analógico al digital, que ocupa menos ancho de banda) permite que se abran espacios.
Sobre el marco constitucional para radio y televisión, Aguirre concluye: "El Estado como rector de la economía y garante de la libertad de expresión y del derecho a la información deberá evitar el acaparamiento de los medios masivos de comunicación, lo que resulta de vital relevancia si se considera la función social que radio y televisión llevan a cabo".
TV y nuevos servicios
Se prevé que será el punto controvertido del juicio. La reforma autorizó a los concesionarios de radio y televisión (Televisa y TV Azteca principalmente, además de las cadenas de radio) a prestar servicios de telecomunicaciones, mediante una solicitud, y sin necesidad de licitación para obtener una nueva concesión.
Además, se deja al arbitrio del Gobierno decidir si estos concesionarios pagarán derechos al Estado por la nueva concesión y, en su caso, a cuánto ascenderán.
"Se da a estos concesionarios un trato privilegiado en relación con los permisionarios de servicios de radiodifusión, con los concesionarios de telecomunicaciones, y respecto de cualquier nuevo interesado para prestar tales servicios", advierte.
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