La PGR de Calderón: torturas y acusados por consigna
| Autor | Arturo Rodríguez García |
Integrados al programa de testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) o acusados de incurrir en diferentes delitos, presuntos integrantes del cártel de Los Zetas declararon durante meses ante fiscales especializados sobre supuestas redes de protección operadas por funcionarios y mandos policiacos, tanto federales como locales de Coahuila y Nuevo León.
Con las declaraciones de esos testigos, identificados como Sagitario, Escorpión y Sérpico, la administración de Marisela Morales en la PGR armó un expediente en el que se acusó de delincuencia organizada a jefes policiacos, como el teniente coronel en retiro Manuel de Jesús Cicero, a Humberto Torres y a su hermano el entonces procurador del estado, Jesús Torres Charles, así como a mandos y oficiales de la Sexta Zona Militar.
Además, incriminaron a la estructura de mando de la Policía Federal en Nuevo León y también en Coahuila, entidad donde supuestamente Los Zetas también infiltraron a la Agencia Federal de Investigación (AFI) y a la delegación de la PGR.
Sin embargo, la averiguación previa 041/2012, integrada con las declaraciones de los expedientes acumulados 101/2011 y 197/2011, no resistió las diligencias judiciales en un juzgado constitucional:
Primero, el Ministerio Público (MP) incurrió en errores de procedimiento al intentar pasar como válidas las declaraciones y testimoniales de los expedientes acumulados en la averiguación 041/2012, cuando debió practicar las diligencias exclusivas de esa causa. Por si fuera poco, las documentales exhibidas por la PGR en el proceso penal habían sido mutiladas o registraban tachaduras para que varios párrafos fueran ilegibles.
Aún más grave fue que las documentales improcedentes que intentó incorporar la PGR, es decir, las declaraciones de los testigos colaboradores para otras causas penales, eran el único medio de prueba para acreditar la responsabilidad penal de los mandos policiacos inculpados.
Aun cuando el MP realizó diligencias y peritajes para robustecer el expediente, éstas sólo demostraban obviedades, por ejemplo, que un restaurante mencionado por los testigos protegidos existía, o que los inculpados trabajaban en una instancia gubernamental. Fuera de eso, no probaban conducta ilícita alguna, según las consideraciones del juez de Amparo Raúl Valerio.
Durante las diligencias de la causa penal, el testigo protegido Sagitario y el procesado Luis Jesús Saravia desconocieron sus declaraciones y acusaron al fiscal Roberto Tovar Cuatle, colaborador de la entonces jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (UEIDS), Guillermina Cabrera, de obligarlos a firmar esos documentos bajo tortura y de infligirles tratos crueles durante los meses que...
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