¿El zar de la transparencia?

Fecha de publicación15 Octubre 2019
AutorAlbertoAguirre

Entre el combate a la corrupción y las sospechas por latrocinio se ha movido José Luis Moyá Moyá desde hace tres lustros, en los que ha construido una reputación, por el uso —y abuso— de los sistemas de solicitudes de información a un cúmulo de sujetos obligados.

Moyá Moyá, sin embargo, también lo sería. Y es que la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República deberán desahogar sendas peticiones sobre los antecedentes de este “asesor en materia de transparencia y rendición de cuentas” que con 59 años a cuestas —y sin un título profesional que lo certifique— ha ejercido su derecho a la información de manera excepcional, a pesar de sus limitaciones tecnológicas o económicas, a lo largo de los últimos cuatro sexenios.

Ambas solicitudes buscan precisar si hay en curso indagatorias en su contra por extorsión a funcionarios o empresarios, o si se encuentra en la nómina federal, ya sea con nombre o con algún alias.

Moyá Moyá ha sido usuario consuetudinario del Infomex y la Plataforma México, a lo largo de 15 años. En el primer lustro del IFAI se convirtió en uno de los peticionarios más activos: a mediados del 2009 había tramitado 1 millar de solicitudes de información —15 por mes, en promedio— y 700 recursos de revisión... La Secretaría de la Función Pública, la Policía Federal Preventiva y el SAT, a nivel federal, estaban entre sus principales blancos.

Los oficiales de transparencia lo elogiaban y lo censuraban, por igual. Entonces, se detectó que fue colaborador del panista Salvador Abascal Carranza en la ALDF y posteriormente se integró al equipo de Federico Döring. Entre los funcionarios que se quejaron de su hostigamiento estuvieron Alejandro Torres Palmer, Genaro Pérez Rocha y Luis Humberto Sanguino, funcionarios capitalinos.

En la 4T, Moyá Moyá es ampliamente conocido, no sólo por las solicitudes de información que tramitó para solicitar información sobre Andrés Manuel López Obrador, Octavio Romero y Alejandro Gertz Manero, sino porque la Contraloría General capitalina inhabilitó al autollamado asesor en materia de transparencia por un año en el 2001 (expediente DNSP/3576/5197/2000) y un año más en el 2007 (expediente SDS/CI/24/1999).

¿Usuario frecuente o mercenario de la información? Con aliados en las principales redacciones de los diarios capitalinos —muchos de los expedientes que tramitó merecieron primeras planas, en aquellos años— tuvo, sin embargo, un...

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