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Ximena Peredo / La mula al río

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Vincent
AutorXimena Peredo

El miércoles pasado me sorprendió leer en EL NORTE el anuncio de la construcción de un viaducto que ampliaría la autopista Monterrey-Saltillo más de 9 kilómetros, que permitiría el tránsito de tráilers y que pasaría por encima del lecho del Río Santa Catarina.

¡Absurdo!, pensé, ¡qué ocurrencia!

Resulta que el proyecto de "estirar" la autopista de cuota hasta la altura de la Av. Humberto Lobo, se viene fraguando desde, por lo menos, el 2013, justo cuando se estaban preparando los escenarios electorales del 2015.

No me parece descabellado (mal) pensar que el proyecto fue un compromiso asumido algunos meses después por quien se perfilaba entonces como futuro Gobernador.

De hecho, nuestro hoy Gobernador, Jaime Rodríguez, declaró hace un par de días que el viaducto ya tiene los avales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Nacional del Agua.

Esto habría que confirmarlo -aunque lo dudo especialmente de Conagua por su política de cero construcciones en el río-, pero sin duda la actitud bronca me hizo pasar del adjetivo "absurdo" al de "amenazador".

Antes de discutir la viabilidad del viaducto, me parece imprescindible detenernos en la concesión de la autopista Monterrey-Saltillo.

La operadora original de esta vía, inaugurada en 2009 luego de una importante controversia ambiental, ha sido muy cuestionada principalmente por los usuarios por encabezar la lista de carreteras peligrosas del País y por sus altas cuotas, que pasaron en 10 años de 39 a 92 pesos.

Pero además, Isolux Corsán, la concesionaria original, se declaró en quiebra en el 2017, y poco después fue vinculada a millonarios sobornos en varias partes del mundo, principalmente en Argentina -muy al estilo de la "estafa maestra" mexicana, con concesiones de autopistas que financiaban campañas electorales.

Sin embargo, el proyecto del viaducto fue acogido por la nueva operadora, la española Roadis, que compró la cartera de Isolux Corsán.

¿Cómo se autorizó este pase de derechos?, buena pregunta. ¿Medió alguna investigación sobre la legalidad del concurso de concesión original?

Lo dudo, aunque por entonces ya se sabía que Isolux Corsán sobornó a los Gobiernos de los Kirchner en Argentina con 12 millones de dólares para la adjudicación de obra...

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