Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
| Número de resolución | I.6o.T. J/107 |
| Fecha de publicación | 01 Enero 2011 |
| Fecha | 01 Enero 2011 |
| Número de registro | 22611 |
| Localizador | Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XXXIII, Enero de 2011, 3081 |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social,Derecho Procesal |
AMPARO DIRECTO 661/2010. SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El estudio de los conceptos de violación, mismos que se analizan en conjunto por la relación que guardan entre sí, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79(1) de la Ley de Amparo, conduce a determinar lo siguiente:
En ellos, la parte quejosa argumenta, lo que enseguida se sintetiza:
Que la Sala violó sus garantías individuales al emitir el laudo en contravención a lo establecido en los artículos 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 841 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, toda vez que al decretar las condenas en su contra, lo hizo sin haber realizado un adecuado análisis y valoración de las pruebas aportadas al juicio; en específico, del escrito de renuncia de fecha veintiocho de febrero de dos mil tres, que nunca fue desconocido por el tercero perjudicado, razón por la cual la autoridad primero estableció, que no fue objetado por la parte actora; sin embargo, aduce la inconforme, la Sala con posterioridad, le restó valor probatorio a dicha probanza, con base en hechos que no formaron parte de la litis laboral, por lo que la responsable se excedió en sus facultades al deducir aspectos que no fueron expuestos por el demandante y porque dejó de tomar en consideración la legalidad de la citada renuncia.
También expone la impetrante de garantías que la autoridad omitió observar que la prueba documental de que se trata, se ofreció para acreditar la voluntad libre y espontánea del trabajador de dar por terminado el vínculo laboral que le unía con la demandada, por lo que al ser un acto unilateral, el escrito de renuncia de veintiocho de febrero de dos mil tres, tiene pleno valor jurídico, ya que nunca fue objetado en su contenido o firma, ni existe prueba alguna que evidencie la existencia de alguna causal que pudiera viciar su consentimiento.
Sigue manifestando la peticionaria del amparo, que la Sala realizó una incorrecta valoración de la prueba confesional a cargo del accionante, pues en el caso era irrelevante que al contestar la demanda se hubiera manifestado que el actor laboró hasta el día veintisiete de febrero de dos mil tres y, en el desahogo del referido medio de convicción, a la parte actora se le formulara la posición octava en el sentido de que: "... el último día de labores del absolvente para mi representada fue el 28 del mismo mes y año ...", aunado a que ello no contradice el hecho de que el último día que acudió fue en la precitada fecha en que presentó su renuncia, como se desprende del sello de acuse de recibo que contiene el documento, y porque la respuesta dada por el absolvente fue en sentido afirmativo, como también lo fue para la posición cuarta, en la que se sostuvo: "... Que mi representada se abstuvo de violentar sus derechos laborales ...", por lo que es inexacto que se hubieran negado las posiciones materia de la litis, como indebidamente se consideró en el laudo.
Otro argumento se hace consistir en que la responsable dejó de valorar y tomar en consideración que la documental relativa a la renuncia de fecha veintiocho de febrero de dos mil tres, demuestra fehacientemente la voluntad del hoy tercero perjudicado de dejar de prestar sus servicios para la demandada, por lo que al no ser desvirtuada ni objetada por el actor, es obvio que éste no pudo ser despedido el cinco de marzo de la misma anualidad, como lo sostuvo en su escrito inicial de demanda.
Los conceptos de violación acabados de sintetizar resultan esencialmente fundados, por lo que se estima conveniente relatar, en lo conducente, los siguientes antecedentes:
Como ya quedó relatado en el capítulo de resultandos de esta ejecutoria, en el escrito inicial de demanda, M.M.O. demandó de la Secretaría de Gobernación, entre otras prestaciones, su reinstalación en la plaza que venía ocupando, por haber sido despedido en forma injustificada.
Dentro de los hechos marcados como XII, XIII y XIV, precisó que, dado el "hostigamiento, amenazas, promesas y mentiras" de que fue objeto por parte de funcionarios de la demandada, se vio obligado a firmar un escrito de renuncia, con efectos a partir del veintiocho de febrero del dos mil tres. Que no obstante lo anterior y, sin tener lugar para desempeñar su trabajo, siguió asistiendo a sus labores normalmente, hasta el cinco de marzo del mismo año, fecha en que se le dijo que estaba despedido y que a partir de esa fecha tenía prohibido el acceso al equipo de cómputo y al lugar de trabajo "... quitándome las llaves de mi gaveta y gritándome que ya me largara o me mandaban sacar ...", a lo que accedió por temor a que cumplieran sus amenazas.
Al producir su contestación a la demanda, la dependencia quejosa negó el despido alegado, manifestando que fue el propio accionante quien, de manera unilateral, voluntaria y espontánea, dio por terminado el vínculo laboral mediante escrito fechado e ingresado a la oficina del licenciado D.F.C. de V.H., en su carácter de presidente de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, el día veintiocho de febrero del dos mil tres, como aparece del escrito relativo, por lo que era imposible que su contrario hubiera asistido a sus labores hasta el cinco de marzo de la misma anualidad, como falsamente lo aduce, pues lo cierto es que aquél laboró hasta el veintisiete de febrero de dos mil tres, ya que al día siguiente, únicamente se presentó a entregar su renuncia. Que en su caso, correspondía al actor demostrar las supuestas "presiones, hostigamiento, amenazas, promesas y mentiras", así como que continuó laborando para la secretaría con posterioridad al veintiocho de febrero de dos mil tres.
Para demostrar sus excepciones y defensas, la ahora quejosa, entre otros medios de convicción, ofreció: "... 2. La documental consistente en el escrito original de la renuncia con firma autógrafa del actor de fecha 28 de febrero del año en curso (dos mil tres) ..." y, para el caso de que fuera objetada en autenticidad de contenido y firma, como medio de perfeccionamiento propuso, la ratificación de contenido y firma del accionante y, en el evento de que se desconociera la firma, la pericial en materia caligráfica y grafoscópica; empero, la probanza de mérito no fue objetada por la parte actora, ya que dejó de asistir a la audiencia de tres de noviembre de dos mil tres, fijada para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución; por ende, la Sala del conocimiento le tuvo por perdido su derecho para hacer las objeciones correspondientes (fojas 50, 82 y 82 vuelta, del expediente laboral).
El escrito de renuncia a que se alude, es del tenor literal siguiente:
"Lic. D.F.C. de V.H..
"Presidente de la Comisión
"Calificadora de Publicaciones y
"Revistas Ilustradas.
"Presente
"Por medio del presente escrito, le presento a usted mi renuncia con carácter irrevocable al cargo que venía desempeñando dentro de la comisión que usted preside, por así convenir a mis intereses, desempeñando las funciones que contempla el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
"Quedo de usted, reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.
"Atentamente
"México, D.F., 28 de febrero de 2003
"(firma ilegible)
"M.M.O.."
En la parte superior derecha del escrito de cuenta, se asentó un sello de reloj checador, que dice: "Secretaría de Gobernación. 2003 feb 28 pm 3:41. Unidad de Asuntos Jurídicos. Oficina del titular. Recibido." (foja 76, del expediente laboral).
En la parte del laudo que ahora se impugna, la Sala responsable consideró:
"... De las pruebas del demandado tenemos ... original del escrito de renuncia de fecha 28 de febrero del 2003 a fojas 76 de autos, probanza que si bien no fue objetada por el trabajador actor, la misma se analiza de conformidad con lo previsto por el artículo 841, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, y para ello se toma en consideración, que como lo señala el actor, ingresó a prestar sus servicios para la Secretaría de Gobernación con el puesto de técnico especialista desempeñando las funciones que consistían en el mantenimiento de pc’s, instalación y configuración de pc’s, modem, programas, Windows 9x, O.N.A., vacuna de equipos, seguimiento de inventarios de equipos y licencias de programas, conexión de pc’s en red, así como el tendido de cables para dicha red, asesoría a compañeros con problemas de pc’s, notificar fallos al centro de ayuda a usuarios de la Dirección General de Tecnologías de la información, elaboración de formatos en word, excel, colocación de toners a impresoras, encendido y configuración del servidor de la red novel, todo lo anterior hace al actor un técnico especialista en computación, máxime que al contestar la demanda, la Secretaría de Gobernación, al contestar el hecho III señaló ‘el hecho correlativo es parcialmente cierto’, negando, únicamente, que el actor no tenía (sic) entre sus funciones dar atención a usuarios en ventanilla; sin embargo, el actor era un técnico especialista en computación, mas no en derecho y, la demandada al contestar el hecho número XIII de la demanda, negó el contenido de lo que argumentó el actor y dijo: ‘pues la verdad de las cosas es que el reclamante laboró hasta el 27 de febrero de 2003, ya que el día siguiente 28, únicamente se presentó a entregar su...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba