Violentado, el estado de derecho
Autor | Lic. Octavio Ruiz Martínez |
Cargo | Director General |
Páginas | 1-1 |
Violentado, el estado de derecho
ablar del sistema político mexicano es equivalente a enunciar un catálogo de
iniquidad, configurado por tráfico de influencias, dispendios en el erario público,
abusos de autoridad, enriquecimiento ilícito, peculado, impunidad, incumpli-
miento de múltiples deberes legales, ineptitud profesional y, en general, corrup-
ción y conductas antisociales que en cualquier otro estado nacional con mediano
desarrollo democrático, son altamente punibles.
La incertidumbre es la condición habitual del gobernado, que vive los em-
bates de la violación a las disposiciones jurídicas, la impunidad en que perma-
necen los comitentes de delitos contra el patrimonio público y las infracciones a la ley en detrimento del
estado de derecho.
No se concibe que, mientras en el sector privado los administradores o gerentes financieros de las em-
presas son requeridos a rendir cuentas y son castigados penalmente cuando cometen desvíos, no ocurra así
en el sector público, donde los funcionarios a los que se les presta una investidura que deberían considerar
sagrada, dañan, quebrantan y sustraen del tesoro público, sin rendir cuentas, reparar los daños ni recibir
sanción alguna por sus fechorías.
Las instancias responsables nunca abordan los temas que involucran sumas estratosféricas de daño
patrimonial. Cuando lo hacen, generalmente es por nimiedades, pero aún así, en realidad montan una
tramoya para hacer creer a los ciudadanos que se aplicará la ley punitiva, presentan denuncias artificiosas,
simulan que se investiga y finalmente no se determinan ni se ejercen las acciones penales y, por el contra-
rio, el pueblo presencia asombrado cómo los responsables de latrocinios son premiados políticamente con
fueros constitucionales u otros cargos, donde seguirán robando.
Nada nuevo decimos al repetir que la sociedad está cansada de tantas injusticias. El pueblo está cada día
más empobrecido y marginado, mientras los servidores públicos parecen ufanarse en una competencia para
demostrar quién obtuvo mayores beneficios, adquirió más casas, edificios, autos y ranchos, viajó a países
más exóticos, colocó en mejores puestos a familiares ineptos o gestionó otras prebendas y concesiones.
Un ejemplo para el mundo ha sido el caso de Guatemala, que procesó a un presidente corrupto, al cual
apeó del solio del poder y lo metió en la cárcel. Veracruz, con decenas de conductas peores que las del man-
datario guatemalteco defenestrado, sigue viendo el saqueo de su riqueza por una camarilla que lo ha sumido
en la pobreza extrema, sin posibilidades de desarrollo, con grave inseguridad y con mayor cantidad de pobla-
ción marginal que carece de oportunidades de vida digna. Sí, lo que tenemos es un estado en quiebra.
Las Ley Anticorrupción recientemente aprobada por los legisladores federales será letra muerta y
una utopía mientras en este sistema político sigan imperando la opacidad, la corrupción, el nepotismo, la
simulación, las prebendas, el favoritismo y la ineptitud. En Veracruz, pero también en México, aspiramos a
la prevalencia real del estado de derecho en todos los órdenes, para que se nos garanticen a los gobernados
certidumbre, progreso y verdadera aplicación de las leyes.
Lic. Octavio Ruiz Martínez / Director General
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EDITORIAL
SEPTIEMBRE 2015
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