Vidal Garza Cantú / Desregulación urgente

AutorVidal Garza Cantú

En México tenemos muchos más problemas de los que podemos atender. Con optimismo significa que cualquier esfuerzo en la dirección correcta ayuda a solucionarlos.

Hace cuatro años el Gobierno se dio a la tarea de encontrar, catalogar y medir el costo de administración y de oportunidad que las regulaciones le cuestan a la actividad productiva.

Encontraron que en los años 80 el costo de cumplir con las regulaciones -sólo federales- era el equivalente al 7 por ciento del PIB. Esto sin considerar la corrupción que generalmente cohabita en estos procesos y seguramente duplica ese valor.

Ese alto costo es el que pagamos todos para establecer una empresa, cobrar un contrato, registrar una propiedad, pagar impuestos, hacer cumplir una obligación, sacar un permiso, una licencia, el pasaporte o para simplemente llenar los requisitos para registrar alguna actividad del ciudadano frente al Gobierno.

De acuerdo con la OCDE, hay tres tipos de regulaciones: las económicas, mediante las cuales el Gobierno interviene en el comportamiento del mercado y del sector privado; las sociales para la protección de la salud, las condiciones laborales y del medio ambiente; y las administrativas, que son los trámites para asegurar el cumplimiento de algún proceso o la recolección de información.

Estas regulaciones existen para garantizar un bien público superior como la certeza jurídica, la propiedad privada, justicia e igualdad.

Pero cuando el costo llega a ser muy alto, funcionan para lo contrario.

Los esfuerzos de desregulación tienen varios momentos en la historia de México. Uno de ellos fue 1989, cuando se creó la Unidad de Desregulación Económica (UDE) de la antigua Secofi, que se ocupaba de sectores clave de comunicaciones y transportes, y quitar barreras de entrada a mercados de bienes y servicios.

Un segundo periodo fue en el Gobierno de Ernesto Zedillo, enfocado en la simplificación administrativa en pro de la eficacia de la regulación vigente, eliminando la discrecionalidad de la autoridad y el exceso de trámites que afectaban la productividad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

Otro momento clave fue el año...

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