Viaje al penal y al tormento
En la cárcel de Cancún continuó el tormento.
La familia de Casique fue estigmatizada. Su madre perdió el empleo, su hermana no fue recibida más en la escuela. Al mismo tiempo, empezaron las amenazas y las extorsiones para mantenerlo vivo en prisión.
Cuatro meses después de su detención, la defensa de Héctor logró que se le practicara un examen médico para valorar su estado físico y obtener pruebas de la tortura.
En su informe, el perito médico legista David Anguiano estableció que Héctor presentaba lesiones que pusieron en peligro su vida que aún no habían sanado, cicatrices permanentes y no visibles, secuelas por las lesiones sufridas e incapacidad en ciertos movimientos. Entre las lesiones, el médico estableció aumento de volumen en el testículo derecho, una cicatriz en la región anal y pérdida de visión en el ojo izquierdo. El reporte médico establece que Héctor sufrió hipoxias (falta de oxígeno en el cerebro causada por asfixia) que provocaron pérdida de conciencia y lesiones en el tejido nervioso que, a su vez, le causaron fasciculaciones musculares (movimientos involuntarios), pérdida de equilibrio y arritmias cardiacas.
El 31 de julio, cuando su familia se negó a pagar más extorsiones, Casique fue golpeado en su celda y colocado en un área en la que se encuentran recluidos miembros de organizaciones delictivas, que recibieron la orden de acabar con él. Le rompieron las costillas, le rociaron gasolina, lo amenazaron con prenderle fuego.
La segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, María José López Canto, tuvo que ir a la cárcel a rescatarlo, cambiarlo de área y tramitar su traslado al reclusorio de Chetumal.
En paralelo, comenzó el calvario del proceso judicial:
El juicio por el homicidio en el que fue involucrado avanzó a cuentagotas y en medio de irregularidades y violaciones al debido proceso. En casi un año de juicio, no tuvo audiencias ni careos con los delincuentes que supuestamente lo ubicaron como su jefe y autor intelectual de la matanza de La Sirenita.
En mayo de 2013, Héctor demandó a los 40 judiciales que participaron en su tortura, acusándolos de abuso de autoridad y violación. Al mismo tiempo, tramitó un amparo en contra del auto de formal prisión. Meses después presentó una queja ante la CNDH, que ordenó que se le practicara el Protocolo de Estambul, un manual para la investigación de tortura poco usado en México y que por primera vez se practicaba en el estado de Quintana Roo.
El Ministerio Público...
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