VENTAJA COMPETITIVA / ¿Llevamos tantos meses de broma?

AutorFrancisco Fernández-Castillo

El ya no tan reciente Sistema Nacional Anticorrupción trae aparejadas una serie de reformas y de nuevos ordenamientos legales necesarios para poner en marcha las nuevas instituciones jurídicas y políticas necesarias que combatirán el gran cáncer que ha venido sufriendo México desde mucho tiempo atrás: la corrupción.

Si bien la implementación del Sistema trae asociadas acciones a nivel federal, es la instrumentación de los sistemas locales el parteaguas que viabilizará y dará seriedad y homogeneidad a toda esta iniciativa. A nivel federal, en total son 191 las acciones en las que se divide la aplicación del Sistema, las cuales están definidas en 4 leyes vigentes y la Constitución. Estas dependen de diferentes instituciones de ámbito federal o estatal, entre las que están, la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Cámara de Diputados, Comité de Participación Ciudadana, Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y Sistemas Locales, Órganos Internos de Control, Presidente de la República, Procurador General de la República, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Senado de la República, Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Tribunales Administrativos del Fuero Federal y Local.

A nivel estatal, los mismos instrumentos legislativos definen otras 215 acciones a implementar en cada una de las 32 entidades federativas y sus respectivos municipios. También estas dependen de diferentes instituciones, entre las que están, cada congreso local, ayuntamiento, gobernado, sistema local, procurador o fiscal general, comité coordinador, comité de participación ciudadana, entidad de fiscalización superiores local y tribunal de justicia administrativa.

Ante tantas acciones y dependencias, a finales del año pasado pareció oportuno desde la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado generar 33 tableros de control en internet -uno federal y el resto para cada una de las entidades federativas- en los que no sólo se definieran cada una de estas 7071 acciones, sino que se identificara la institución responsable, el marco jurídico que la define así como los resultados concretos que permiten concluir si una acción está resuelta o no. Los tableros fueron anunciados y puestos a disposición de todas las instituciones involucradas a principios de año.

A fin de que el reporte fuera realizado de manera seria, se designó en cada entidad federativa a una o dos personas...

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