VENTAJA COMPETITIVA / Legislar en materia mercantil
| Autor | Francisco Fernández-Castillo |
En fechas recientes, la Confederación Nacional de Gobernadores firmó un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para que ciudadanos y empresas puedan hacer también cualquier gestión con dependencias estatales y municipales utilizando la fiel del SAT, denominada a partir de ahora eFirma. Este paso es de suma transcendencia, ya que no sólo permitirá la reducción de corrupción y costo para ciudadanos y gobiernos que la burocracia tiene en nuestro país, sino que posibilitará el desarrollo de un estado de derecho mucho más avanzado, fruto de las ventajas que proveen las tecnologías de la información. Es la incorporación de la eFirma para uso de ciudadanos y funcionarios la única forma de hacer ubicua la relación con las autoridades y aprovechar, de manera decidida, el potencial que ofrecen los sistemas tecnológicos que hoy ya se tienen en todas las dependencias públicas.
Hoy, salvo excepciones como el Estado de México y Puebla que han conseguido recientemente optimizar sus respectivos marcos legislativos para aprovechar al máximo los avances y posibilidades que ofrece el gobierno digital, no existen marcos legislativos locales que optimicen dicho ámbito. Pero en ningún caso prohíben tampoco el aprovechamiento de las soluciones tecnológicas que estén al alcance.
Es hora de que el poder judicial en conjunto también se sume a este nuevo panorama. A diferencia del ejecutivo, el poder judicial no puede transitar al uso de la eFirma sin antes realizar modificaciones explícitas en las leyes y reglamentos que rigen los procesos de justicia. Una vez logrado, no sólo aumentará la calidad de la justicia sino que permitirá también agilizarla y transparentarla, aspectos claves para el crecimiento socioeconómico de nuestro país.
Al igual que estados y municipios, el poder judicial lleva ya algún tiempo expectante por asumir la eFirma y con ello identificar con total garantía a las personas que participan en un juicio, particularmente, a las que presentan los escritos, así como la fecha y hora en la que se interponen las promociones respectivas. Ya hay algún avance. Desde el año 2013, con la Ley de Amparo, el legislador federal proveyó un mecanismo que permite que los particulares puedan presentar una demanda de garantías a través de la plataforma del Poder Judicial de la Federación y, así, puedan acceder de una manera pronta a la protección federal, sin la necesidad de acudir a los Juzgados...
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