Van por científicos y protegen a Buylla
| Autor | REFORMA / Staff |
En marzo de 2020, un juez federal denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, por el delito de desacato a una suspensión definitiva que le ordenaba seguir canalizando recursos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCT).
Año y medio después, la FGR no ha actuado contra Álvarez-Buylla, pero ahora busca encarcelar en un penal de alta seguridad a 31 académicos y ex funcionarios del Conacyt por lavado de dinero y delincuencia organizada, derivados de aportaciones de 244 millones de pesos al FCCT, pese a que dichas aportaciones estaban previstas en la Ley de Ciencia y Tecnología.
En marzo de 2020, el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Gabriel Regis López, denunció a Álvarez-Buylla ante la FGR por no acatar la suspensión definitiva que concedió el 2 de octubre de 2019, en un amparo promovido por el FCCT.
En dicha suspensión, el juez ordenó a Conacyt dotar de inmediato al FCCT de "los recursos económicos suficientes y necesarios para su operación permanente", pero la directora de Conacyt ignoró este mandato.
"(Alvarez Buylla) ha mostrado total contumacia y ha sido omisa en desahogar el requerimiento a efecto de que diera cumplimiento a la suspensión definitiva", afirmó el juez, que también impuso varias multas a la funcionaria.
"Se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, a efecto de que determine si las conductas de la autoridad responsable encuadran en el supuesto del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo", agregó Regis, en acuerdo publicado el 2 de marzo de 2020.
Este artículo castiga con tres a nueve años de cárcel al funcionario que no obedezca una suspensión dictada en juicio de amparo, pero es la Fiscalía la que determina si se ejerce acción penal contra el responsable.
Si bien la FGR inició una carpeta de investigación, acuerdos del juzgado indican que el expediente ha pasado por varias áreas, entre ellas la Agencia Décimo Octava Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y en días recientes, el Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula E-II-4 Zona Sur en la Ciudad de México.
Este último solicitó al juzgado copias del expediente del juicio de amparo, apenas a finales de agosto pasado.
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