Van contra acuerdo de AMLO sobre seguridad
Horacio Jiménez
CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional con la que busca echar abajo el acuerdo del Ejecutivo que permite a las Fuerzas Armadas continuar en tareas de seguridad pública hasta mayo de 2024.
Este recurso generó un enfrentamiento entre las distintas fracciones, pues mientras la oposición (PAN, PRI, PRD y MC) lo respaldó, Morena exigió retirarlo y lo calificó como "espurio".
Rojas recordó que en mayo de 2019, el Congreso y las legislaturas de los estados aprobaron -por unanimidad- reformar la Constitución y establecer un nuevo régimen jurídico para crear la Guardia Nacional como una institución de carácter civil, con la misión de salvaguardar la vida, así como contribuir a la preservación del orden público.
Además, dijo, la reforma establece un mandato para fortalecer las policías locales y faculta al Presidente para disponer, excepcional y temporalmente, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero de manera "extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria" hasta que se consolide la Guardia Nacional.
Pese a esto, el 11 de mayo de 2020, el Ejecutivo emitió el acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente para realizar tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024.
Luego de un análisis, consultar a especialistas y organizaciones, así como tomar en cuenta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, "considero que existen razones para solicitar a la Corte que, mediante una controversia constitucional", revise la legalidad del acuerdo.
El artículo 233 párrafo 2 del reglamento de la Cámara detalla que cuando un legislador pretenda interponer una controversia, deberá presentar solicitud a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la cual solicitará a la Mesa Directiva su análisis y, de ser procedente, se someterá a votación del pleno.
En caso de ser el presidente de la Mesa Directiva, podrá presentar una controversia cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta.
"El acuerdo se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación"...
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