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Va Morena por disminuir 10 metros a zona federal marítimo terrestre

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Vincent

CANCÚN, QR., abril 28 (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República discutirá mañana jueves el dictamen que propone modificar artículos de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), para efectos de disminuir la franja costera de zona federal marítimo terrestre (Zofemat), de 20 a 10 metros, lo que provocará impactos ambientales negativos, económicos y sociales, alertaron científicos, académicos y especialistas.

Reunidos en una mesa de discusión, surgida de manera emergente, el doctor Rodolfo Silva Casarín, del Instituto de Ingeniería de la UNAM; Jorge Iván Cáceres, de la consultora Maris Integral; David Arroyo Osorio, de México Legal; y por el Instituto Nacional de Ecología (INECOL), Patricia Moreno Casasola Barceló, María Luisa Martínez Vázquez y Jorge López Portillo, expusieron las potenciales implicaciones de aprobarse las reformas a los artículos 7 y 119 del mandato. Entre los impactos, citaron la disminución de la mitad de los recursos económicos que México recibe de las concesiones, para financiar programas de inspección, vigilancia, conservación, limpieza y protección de la zona federal en 17 entidades costeras: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Tan solo en 2017 la recaudación en 65 municipios costeros de 17 entidades, del derecho por el uso, goce y aprovechamiento de la zona federal, le significó al gobierno mexicano 677 millones 300 mil 077 pesos, de acuerdo con lo reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).

La entidad con mayor recaudación fue Quintana Roo, con 280 millones 665 mil 793 pesos, de acuerdo con Cáceres Puig, quien dijo que el 100 por ciento de los recursos de zona federal son ejercidos por los municipios costeros; el 70 por ciento del recurso va para programas sociales y gasto corriente; y el otro 30 por ciento que corresponde al Fondo de Zofemat -que aportan el estado, el ayuntamiento y el gobierno federal- se emplea para vigilancia, inspección, limpieza y otras actividades.

Además de la reducción de recursos, la aprobación de la iniciativa provocaría dificultades para proteger ecosistemas costeros como manglares y otro tipo de humedales; desprotección a tortugas marinas -al disminuir recursos públicos para financiar programas de salvaguarda, como los existentes en Quintana Roo-; disminución de la superficie concesionada a las autoridades ambientales...

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