Urgen a restructurar al IFE
| Autor | Jorge Alcocer V. |
En menos de tres décadas, en México se han producido nueve reformas electorales (1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2002, 2003 y 2005); las primeras seis comprendieron modificaciones a la Constitución y a las leyes electorales, mientras que las tres más recientes solamente afectaron el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
¿A los mexicanos nos encantan las reformas electorales?
La primera reforma aquí considerada, la de 1977, abrió la competencia electoral y la representación en la Cámara de Diputados para opciones excluidas durante lustros de la vida legal; la más reciente reforma, promulgada el 30 de junio de 2005, extendió el ejercicio del derecho al sufragio a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
En un solo sexenio (1988-1994) hubo tres reformas electorales, con modificación constitucional incluida. En el de Vicente Fox llevamos tres, sin cambio constitucional de por medio. En los gobiernos de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo sólo hubo una reforma por sexenio, las tres con modificación constitucional.
La ley electoral de 1977 (LFOPPE) rigió durante tres procesos electorales (1979, 1982 y 1985). El primer Código Electoral, aprobado en 1986, sólo rigió para la elección de 1988. El Cofipe, con profundas reformas y cambios desde su promulgación en 1990, ha regido cinco elecciones federales (1991, 1994, 1997, 2000 y 2003), todo un récord de permanencia para una ley electoral, aunque entre el Cofipe de 1990 y el actual hay diferencias sustanciales.
La pirámide
El sistema electoral mexicano tiene dos vértices institucionales: el IFE y el Tribunal Electoral (TEPJF). Ambos respondieron, en su creación, a la experiencia de las instituciones que los precedieron, así como al generalizado cuestionamiento opositor que en 1988 motivaron la integración y desempeño de la Comisión Federal Electoral y la ineficacia del entonces Tribunal de lo Contencioso Electoral (Tricoel), creado apenas dos años antes.
Sucesivas reformas transformaron las dos nacientes instituciones electorales, hasta no dejar ámbito electoral o partidista fuera de su competencia. Cada nueva reforma conllevó la necesidad de otorgar al IFE recursos públicos adicionales, con los cuales financiar personal y tareas que le fueron progresivamente encomendadas.
Mientras que en la etapa que podemos llamar fundacional (1977-1986) el costo económico de las reformas electorales no fue elemento significativo, a partir de 1990 cada nueva reforma exigió mayores recursos públicos, hasta convertir el financiamiento de las elecciones y los partidos en uno de los temas que mayor polémica y crítica despiertan.
En 1990 y 1991 la mayor inversión pública en materia electoral fue destinada a la elaboración del nuevo padrón electoral; en 1992, a la expedición de las credenciales para votar con fotografía. En 1994 cuantiosos recursos públicos se destinaron a satisfacer las exigencias partidistas y ciudadanas de control y verificación de actos e instrumentos electorales. En las elecciones presidenciales de aquel año, el objetivo número uno del IFE fue construir una pirámide ciudadana de confianza en la institución y de credibilidad para sus actividades y resultados.
Los recursos para edificar la pirámide de la confianza no vinieron del cielo, tuvieron que tomarse del erario sacrificando otras necesidades apremiantes para la sociedad. Después de las elecciones de 1994 parecía que al fin se podría arribar a una conclusión del proceso de autonomía del IFE y...
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