Transición política, narcoinsurgencia y crisis de seguridad pública en México

Transición política, narcoinsurgencia y
crisis de seguridad pública en México
Documento de trabajo núm. 306
Mayo 2019
www.diputados.gob.mx/cesop
Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública
Organización Interna
Netzahualcóyotl Vázquez Vargas
Director de Estudios Sociales encargado del
despacho de la Dirección General del CESOP
Enrique Esquivel Fernández
Asesor General
Ricardo Martínez Rojas Rustrian
Director de Estudios de Desarrollo Regional
Ernesto R. Cavero Pérez
Subdirector de Estudios de Opinión Pública
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Subdirector de Análisis y Procesamiento de Datos
Katia Berenice Burguete Zúñiga
Coordinadora Técnico
Investigadores
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Salvador Moreno Pérez
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Rafael del Olmo González
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Apoyo en Investigación
Luis Ángel Bellota
Natalia Hernández Guerrero
Karen Nallely Tenorio Colón
Ma. Guadalupe S. Morales Núñez
Nora Iliana León Rebollo
Ricardo Ruiz Flores
Alejandro Abascal Nieto
Abigail Espinosa Waldo
Elizabeth Cabrera Robles
Guillermina Blas Damián
Alejandro López Morcillo
Editor
José Olalde Montes de Oca
Asistente Editorial
Transición política, narcoinsurgencia y crisis de
seguridad pública en México
Luis Ángel Bellota*
Introducción
En estas páginas ofrecemos una lectura de los hechos más relevantes que así lo estimamos
originaron la actual crisis de seguridad pública que eclosionó a mediados de la década anterior y
que se gestó de mucho tiempo atrás, desde los estertores del viejo régimen. La entrada de México
al nuevo milenio y los anhelos democratizadores de la sociedad los cuales habían obligado
cambios de fondo en las legislaciones electorales y la celebración de comicios entre 1989 y 2000
quedaron ensombrecidos por una oleada delictiva sin precedentes que desplazaba la demanda de
elecciones libres y cambio político por otra a favor del orden y la seguridad. El azote criminal que
hoy parece incontenible nos plantea el debate sobre la necesidad de ajustar el armazón institucional
que, teóricamente, debería darle una mayor calidad a la democracia mexicana. El advenimiento de
esta última no significaba dejar varada una profunda reforma estatal que respondiera a las
necesidades socioeconómicas del país y que, con ese fin, contemplara los instrumentos
administrativos y jurídicos para afrontar los contextos tan dinámicos que proyectan las nuevas
realidades del presente siglo.
México transitó de un presidencialismo fuerte, centralizador y de partido hegemónico a uno
con facultades más limitadas, actores sociales más autónomos y ceñido a competencias electorales
más volátiles entre los distintos partidos que componen el arco político. Sin embargo, en la difícil
construcción de un Estado de derecho moderno y funcional y aquí descansa el quid del asunto
tampoco pudo deshacerse de los vicios burocráticos, el patrimonialismo, las herencias autoritarias,
los pactos de impunidad y los contubernios con los poderes fácticos. Han transcurrido casi veinte
años desde que dimos por inaugurado un cambio de época y sigue predominando la misma
insatisfacción por las mismas e irresueltas contradicciones que ya teníamos cuando concluía la
centuria pasada. Una de ellas era el crecimiento de los delitos violentos y la infiltración del crimen
organizado en los aparatos de seguridad. Entonces ni siquiera sospechábamos la evolución
interactiva que tendrían ambos problemas y sus impactos en la vida diaria de la población, el

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