La transición hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Ciudad de México
| Autor | Rodolfo Fernando Ríos Garza |
| Páginas | 871-882 |
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Uno de los retos estructurales de mayor relevancia que ha emprendido la nación en los últimos tiempos ha consistido en adecuar las instituciones del Estado en sus distintos niveles de gobierno, con el in de hacer realidad el contenido de la Refor-ma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia de junio de 2008, momento a partir del cual se establece en nuestro país un nuevo modelo procesal punitivo de carácter acusatorio, adversarial y oral, mediante el que se busca perfeccionar el sistema de justicia penal en un marco de respeto a los derechos humanos, tanto para las víctimas de un delito como para quienes resulten imputables de la comisión de los mismos.
Partimos de la idea de asegurar a la ciudadanía las mejores condiciones posibles de acceso a la justicia en materia penal. Lo anterior implica fortalecer al Ministerio Público, la policía de investigación y los servicios periciales, así como los órganos jurisdiccionales y la defensoría pública. Además, es preciso proveer lo necesario para contar con asesores jurídicos y facilitadores debidamente capacitados, con el in de que mediante la acción conjunta de instituciones y servidores públicos se vele por la legalidad, el debido proceso y la salvaguarda de los derechos humanos de las personas que intervienen en el desarrollo de un procedimiento penal.
La implementación del nuevo sistema busca promover un cambio en la actuación de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia y revolucionar la concepción que la sociedad tiene sobre las mismas. Para ello, es necesario que el modelo funcione y proporcione resultados perceptibles que contribuyan a la recuperación de la credibilidad y conianza en dichas instituciones; es preciso, en-tonces, asimilar que los derechos humanos y sus correspondientes garantías, constituyen desde ahora la vía por la que avanza la adopción y asimilación del sistema acusatorio, adversarial y oral.
Esto es así porque la reforma penal cuyo análisis nos ocupa no puede despren-derse del impacto jurídico cultural que representaron las modificaciones constitu-
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cionales de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Téngase presente que esta reforma también es resultado de un largo proceso de transformación cívica y social, que se tradujo en una nueva relación entre autoridades y ciudadanos, en la cual el reconocimiento de la importancia de la dignidad humana es, a partir de ese momento, el componente esencial de nuestro Estado de Derecho.
De este modo, nuestro sistema penal está vinculado, quizás en mayor medida que otras materias normativas, al estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales que hacen referencia a la promoción, respeto, difusión y garantía de los derechos fundamentales.
Hoy ya no hacemos referencia a "garantías que otorga el Estado", sino a derechos que reconoce la Constitución; nos referimos a personas, no a individuos; no sólo contamos con derechos, sino con mecanismos que garantizan su efectividad, y mantenemos un compromiso indubitable con su universalidad y progresividad, al grado de instituir un bloque de convencionalidad complementario al catálogo de derechos establecido en nuestra Carta Magna.
Para los servidores públicos, los derechos humanos implican una pauta de com-portamiento, una guía de acción para alcanzar los ines del Estado y el bienestar de las personas, circunstancia de la cual no puede sustraerse la aplicación de las disposiciones procesales penales que rigen en la Ciudad de México, incluso en la etapa de tránsito en que nos encontramos.
Como resultado del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oicial de la Federación, se asignó a la Federación, estados y Ciudad de México la tarea de implementar un nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adversarial y oral, con base en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
El tránsito hacia este novedoso modelo en la capital del país ha demandado la reconiguración estructural y funcional de las instituciones involucradas en las tareas de procurar e impartir justicia, así como en las encargadas de conservar el orden y la seguridad pública.
Debido a que el nuevo régimen de justicia penal es eminentemente garantista, su implementación demanda contar con nuevos sujetos y figuras procesales; con mecanismos que permitan agilizar los procedimientos al promover la resolución de conlictos sin necesidad de arribar a juicio; que aseguren el debido proceso y la reparación del daño a las víctimas del delito.
Alcanzar el cumplimiento satisfactorio de estos objetivos demandaba contar con el tiempo necesario para su realización, por lo que en el artículo segundo transitorio del Decreto mencionado se estableció un periodo de vacatio legis de ocho años para proceder a su implementación. De esta manera, una vez que cada legislatura
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local definiera la ruta para realizar las adecuaciones normativas correspondientes, se estaría en condiciones de avanzar gradualmente en la puesta en marcha del sistema, hasta su adopción total en junio de 2016.
Con sustento en el artículo noveno transitorio del decreto de reforma constitucional previamente citado, se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal dependiente de la Secretaría de Gobernación, instancia responsable de ejecutar todas las acciones, políticas y mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes y niveles de gobierno, con la ffinalidad de realizar una adecuada y correcta implementación del sistema de justicia penal en el país.
De manera semejante, en la Ciudad de México, por decreto publicado el 10 de febrero de 2010 en la Gaceta Oicial del Distrito Federal, se establecieron las bases de colaboración para constituir el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal (en adelante el Consejo), instancia en la que participan el Gobierno de la Ciudad de México por medio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y Seguridad Pública; y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que interviene por medio de dos magistrados y un Consejero de la Judicatura designado por su presidente.
Por invitación del Consejo, pueden participar en su integración el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal; la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como tres representantes del sector académico y tres representantes de la sociedad civil.
Entre los principales objetivos del Consejo destacan:
· Acordar, diseñar, promover y ejecutar las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura; la capacitación para jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, policías, custodios, peritos, defensores públicos y abogados, que permitan implementar las reformas constitucionales en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia; y
· Presentar las iniciativas ante la autoridad expresamente facultada, así como proponer los montos y destino de los recursos para la implementación del sistema de justicia penal para la Ciudad de México.
La presidencia del Consejo recae en el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; cuenta con una Secretaría de Enlace a cargo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal mediante su Comisión de Administración y Procuración de Justicia; y una Secretaría Técnica, a cargo del titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
La primera sesión del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal (CCISJPDF) se realizó el 29 de abril de
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2013 y fue presidida por Miguel Ángel Mancera...
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