Tonatiuh Bravo Padilla/ De los machetes al asalto de televisoras
| Autor | Tonatiuh Bravo Padilla |
Después de ocho días de haber sido tomadas las instalaciones de CNI Canal 40 por parte de elementos armados enviados y respaldados por TV Azteca, por fin el Gobierno Federal se decidió a actuar frente a los hechos y el conflicto, pero haciéndolo de una forma errática que, muy probablemente, corrobore la sensación generalizada en el sentido de que protege y ayuda a la televisora del Ajusco y los intereses de su principal accionista.
Recapitulando: hace poco más de una semana, al filo de la medianoche, un tropel de cerca de 40 personas, la mayoría guardias privados y armados al servicio de TV Azteca, se presentaron de improviso en las instalaciones del Cerro del Chiquihuite desde donde transmite su señal CNI Canal 40, con el propósito cumplido de hacerse cargo de las mismas, bajo el argumento de hacer efectiva la resolución de una corte internacional con sede en París, relativa a una demanda entre particulares. A partir de ese momento, TV Azteca se hizo cargo de las trasmisiones y programación del canal.
El Gobierno federal adoptó la posición de convocar a dialogar a las partes, bajo una tregua de tres días, so pena de "requisar" las instalaciones de CNI. Lo que en realidad correspondía a derecho, y debe ocurrir, es que el Gobierno federal restituya de manera inmediata a CNI Canal 40 la posesión del inmueble y el derecho de éste a trasmitir la señal y programación televisiva, tal y como corresponde en la concesión vigente que le fue otorgada. Así también, debe revisar las normas aplicables y sancionar administrativamente a TV Azteca -en el caso de que proceda- por haber transmitido señal sin tener la concesión correspondiente.
TV Azteca puede, si lo desea, continuar sus demandas legales contra CNI Canal 40 por incumplimiento de contratos o convenios y por las cantidades que se le adeuden (aquéllas que determine la autoridad con ese status). Si obtiene resoluciones favorables y no se le liquida, entonces demandará ante la autoridad competente el embargo de bienes o lo que proceda en derecho, pero serán los tribunales los responsables de dictar y ejercer las acciones legales que correspondan.
Es válido y deseable que en un conflicto entre particulares, la autoridad gubernamental medie y propicie el diálogo o la resolución de los diferendos, lo que es inadmisible es que actúe absteniéndose de aplicar la ley y solapando el asalto a las instalaciones de la CNI.
Una de las primeras lecciones de política elemental en materia de teoría del Estado...
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