TOLVANERA / Taches

AutorRoberto Zamarripa

Los padres de los 43, activistas que les acompañan, encapuchados que se les suman, han acentuado sus protestas con violencia, destrozos y retos. Tres días después de que de manera pacífica y bajo una autorización de mandos militares, familiares de desaparecidos de la Guerra Sucia de hace 50 años entraban al Campo Militar Número 1, en una muestra importante de civilidad y de un paso adelante en el restañamiento de heridas en la historia de la brutalidad y los abusos castrenses, los activistas de Ayotzinapa destrozaban la puerta de entrada de ese campo y pintaban la fachada militar en un desplante de contraste.

"Están queriendo enrarecer la situación, porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas, porque viven del conflicto. Imagínense, si ya no se violan derechos humanos por parte del Estado, pues ya no se tiene materia, y ellos quieren seguir sosteniendo de que se violan los derechos humanos. Y yo les digo: No, no somos iguales", reclamó el Presidente, horas antes de la protesta de los activistas de Ayotzinapa en el Campo Militar.

El Presidente abogó, una vez más, por dar a conocer nombres y datos de responsables sobre lo acontecido hace ocho años.

Su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, le advirtió: "Podemos afectar el (debido) proceso si damos los nombres".

El mandatario, quien acuñó la máxima de "no me vengan que la Ley es la Ley", ordenó a su vocero corregir la censura.

"Que se den a conocer los nombres, y esto va a ayudar mucho... Si no damos a conocer todo y empezamos a tachar, lo que hacemos es crear incertidumbre y dar motivo para la especulación, las conjeturas, para la mala fe de los adversarios nuestros. ¡Qué tenemos que estar ocultando los nombres si no queremos que haya impunidad!", explicó.

Reforma publicó el pasado sábado 24 algunos de los párrafos testados en el Informe de la Comisión del caso Ayotzinapa donde se evidencian complicidades entre oficiales castrenses y presuntos narcos. El reporte como tal no tiene el carácter de una denuncia penal. Es un reporte que deriva de la investigación de funcionarios civiles sobre lo acontecido el 26 de septiembre de 2014, y las maniobras posteriores para matar y desaparecer a los estudiantes. Es una indagatoria exhaustiva que presume ser mucho más profunda y precisa que la hecha en el gobierno de Enrique Peña.

Como tal...

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