El Informe Oppenheimer/ El 'toallagate' como modelo de lucha anticorrupción
| Autor | Andrés Oppenheimer |
El "toallagate ", como se ha dado en llamar este último escándalo en México, surgió la semana pasada luego de que el Gobierno del Presidente Vicente Fox decidió publicar sus gastos en internet, en su afán de lograr una mayor transparencia en el gasto público. El periódico Milenio, tras revisar la lista, encontró las toallas entre otros artículos de lujo por un valor de 440 mil dólares que estaban a precios altamente inflados, creando una ola de indignación en la opinión pública.
Sin embargo, en lugar de ver este caso como otro de los tantos escándalos de corrupción, los países latinoamericanos deberían usar el "toallagate "como un grito de guerra para exigir mayor transparencia en las compras gubernamentales.
Si los países publicaran todos sus gastos en internet y se vieran forzados por el escrutinio del público a reducir sus sobreprecios, ustedes se sorprenderían, como me sorprendí yo, de saber cuántas miles de escuelas y hospitales se podrían construir con el dinero ahorrado.
Consideren las cifras: los países latinoamericanos y caribeños gastan un total de 250 mil millones de dólares al año en compras del sector público, sin contar los gastos militares, según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Cuando llamé a algunos de los principales expertos en el tema y les pregunté qué porcentaje de esta cifra son gastos inflados, me quedé boquiabierto: muchos colocan la cifra en un 20 por ciento del total; o sea, 50 mil millones de dólares anuales. Eso equivale a 70 veces la ayuda económica anual de Estados Unidos a la región.
Jorge Claro de la Maza, el ex alto funcionario del BID especializado en la lucha contra la corrupción, me señaló que gran parte de las compañías proveedoras del Estado en América Latina agregan un 10 por ciento a sus precios para protegerse de ineficiencias por parte de los empleados gubernamentales, y otro 10 por ciento para la eventualidad de tener que pagar sobornos a funcionarios del Gobierno.
"La gente que le vende al Estado vende más caro porque no sabe cuánto tiempo se va a demorar el proceso de compra, o cuánto se va a demorar el pago, o si va a tener que pagar un soborno ", señaló Claro de la Maza. "Eso hace que el sector privado le venda al Estado por un 20 por ciento encima de lo que le cobraría a un particular ", agregó.
En América Latina, muy pocos Gobiernos permiten un amplio escrutinio público de sus compras. Mientras políticos, académicos y periodistas gastamos mares de saliva en discutir...
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