'Tiran' dinero a basura tóxica
| Autor | Víctor Fuentes |
El confinamiento de desechos peligrosos de Hermosillo, conocido como Confinamiento y Tratamiento de Residuos Tóxicos (Cytrar), está cerrado desde 1998 pero se ha convertido en tiradero para otro tipo de bien: el dinero del erario.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) asignó la semana pasada un contrato abierto hasta por 6.5 millones de pesos a una empresa de Monterrey para el retiro y disposición final de unas 2 mil 300 toneladas de residuos que están a la intemperie en la celda dos del confinamiento.
Se trata apenas de una fracción de las aproximadamente 300 mil toneladas que fueron depositadas en el sitio, operado entre 1988 y 1996 por el gobierno de Sonora y el municipio de Hermosillo, y en los dos años siguientes por la empresa española Tecnologías Medioambientales (Tecmed).
Durante la junta de aclaraciones de la licitación -que ganó la firma Residuos Industriales Multiquim-, los funcionarios federales aclararon que se trata de un retiro superficial, que no incluye limpieza del suelo.
Además, se comprometieron a autorizar la exportación de los desechos, que incluyen residuos de plomo, carcazas metálicas e hidrocarburos, y no podrán ser reciclados.
Es el gasto más reciente de una cadena que inició con la clausura permanente de la instalación, decretada en 1998 por el Instituto Nacional de Ecología ante protestas de grupos ambientalistas.
En 2003, un tribunal arbitral condenó a México a pagar más de siete millones de dólares a Tecmed, que demandó a nuestro país por lo que consideró una expropiación ilegal de su inversión.
Los tres árbitros que integraron el tribunal -incluido el mexicano Carlos Bernal Verea- señalaron que las presiones políticas y sociales no eran razón para cerrar el confinamiento, máxime que Tecmed manifestó su disposición a cambiarlo de lugar.
En su momento de mayor culminación, tal oposición social, a pesar de haber sido alimentada mediante una activa, sostenida e insistente campaña pública, sólo pudo concitar en dos oportunidades una congregación, en una de ellas de 200 y en la otra de 400 personas, dentro de una comunidad de cerca de un millón de habitantes, afirmaron los árbitros.
Al año siguiente, la canadiense Proeco cobró 750 mil dólares para un estudio sobre la situación del sitio, que recomendó remediar por completo ante los elevados niveles de toxicidad.
No está claro quién pagó, pues el contrato no aparece en los sitios de transparencia de Semarnat, el INE o la Profepa, y el...
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