Tesis num. III.2o.C.9 C (11a.) de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, 06-01-2023 (Tesis Aislada)
| Fecha de publicación | 06 Enero 2023 |
| Materia | Civil |
| Emisor | Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito |
En el juicio de amparo indirecto se negó la protección constitucional solicitada porque a consideración del Juez de Distrito, la parte quejosa, demandada en el juicio ejecutivo mercantil de origen, fue emplazada correctamente, al no existir defectos en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que de la interpretación del artículo 1068 Bis del Código de Comercio, se colige que uno de los requisitos para que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil se considere legal, consiste en que el funcionario público que la practique se identifique con la parte demandada.
Justificación: Lo anterior, porque los preceptos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio, relativos al juicio ejecutivo mercantil, no disponen los requisitos que debe contener la diligencia de emplazamiento, para lo cual es preciso, de acuerdo con el artículo 1054 del código citado, acudir a los requisitos establecidos en el libro quinto "De los juicios mercantiles", título primero "Disposiciones generales", capítulo IV "De las notificaciones" de dicho ordenamiento, es decir, debe atenderse a lo prescrito en su artículo 1068 Bis, el cual dispone como uno de los requisitos para la validez de la diligencia de emplazamiento la identificación del notificador ante la persona con quien entienda la diligencia. En ese sentido, para que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento se considere legal, el funcionario público que la practique debe identificarse con la parte demandada. Ello, porque la finalidad principal de que el fedatario acredite el carácter con el cual comparece ante la persona demandada, reside en darle certeza que se trata de un funcionario facultado legalmente (legitimado) para llevar a cabo ese tipo de actos; máxime porque se practica en el domicilio de la persona buscada y no cualquiera podría llevar a cabo esa diligencia conforme al principio de inviolabilidad del domicilio, si no cuenta con la autorización de la autoridad correspondiente y comparece debidamente identificado a través de la credencial que contenga su nombre completo, cargo, órgano de adscripción, vigencia y...
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