Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 2 de Diciembre de 2016 (Tesis num. 1a. CCXCVI/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2016 (Tesis Aisladas))
| Número de resolución | 1a. CCXCVI/2016 (10a.) |
| Fecha de publicación | 02 Diciembre 2016 |
| Fecha | 02 Diciembre 2016 |
| Número de registro | 2013210 |
| Emisor | Primera Sala |
| Materia | Constitucional,Derecho Constitucional |
| Localizador | 10a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 1a. CCXCVI/2016 (10a.) |
Tratándose de la ejecución de una orden de aprehensión, la actuación de las autoridades se modula en razón de distintas etapas sucesivas cuya duración está estrictamente regulada por el tercer párrafo del artículo 16 y por el primer párrafo del artículo 19, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, en todo proceso, tan pronto como la orden de aprehensión es ejecutada, la autoridad ejecutante tiene la obligación de poner a la persona inculpada a disposición del juez que libró la orden de aprehensión, sin dilación alguna. A diferencia de lo que ocurre en una retención por flagrancia o caso urgente, en este supuesto el Ministerio Público no requiere de una fase de 48 horas que le permita recabar información sobre los hechos materia de la imputación, pues el libramiento de la orden de aprehensión presupone que la persona inculpada está en condiciones de ser puesta a disposición del juez instructor, quien a su vez cuenta con 72 horas para desahogar ciertas diligencias tendientes a determinar su situación procesal. Es decir, en este supuesto de detención no existe necesidad de otorgar al Ministerio Público la oportunidad de recabar material potencialmente probatorio. Una orden de aprehensión válida supone la suficiencia de datos que acreditan el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del inculpado. De este modo, la expresión "sin dilación" que utiliza el tercer párrafo del artículo 16 constitucional (en su texto anterior a la reforma constitucional del 18 de junio de 2008) debe entenderse en un sentido literal y restringido. La autoridad ejecutora debe interiorizar tal obligación, pues la penalización de la dilación injustificada es, como en muy contados supuestos, una obligación ordenada por el Constituyente al legislador.
Amparo directo en revisión 2537/2013. C.S.T.. 18 de mayo de 2016. Mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: A.Z.L. de Larrea, J.R.C.D., J.M.P.R., quien formuló voto concurrente y A.G.O.M.. Disidente por razón de improcedencia del recurso: N.L.P.H.. Ponente: A.G.O.M.. Secretaria: P.d.A.U..
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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