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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 28 de Febrero de 2013 (Tesis num. 1a. LII/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2013 (Tesis Aisladas))

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Vincent
Número de registro2002694
Número de resolución1a. LII/2013 (10a.)
Fecha de publicación28 Febrero 2013
Fecha28 Febrero 2013
Localizador [TA] ; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013; Tomo 1; Pág. 794. 1a. LII/2013 (10a.).
EmisorPrimera Sala
MateriaCivil

De conformidad con la legislación del Estado de Puebla, la adopción no se configura por la voluntad de los particulares, ni por resolución de un organismo público, como sería el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia o el Ministerio Público. La adopción únicamente se configura a través de una sentencia judicial cuya tramitación debe ser consentida, entre otros, por quienes tengan la representación del menor a adoptar, sea quienes ejercen la patria potestad, un tutor o el Ministerio Público. Conforme a lo dispuesto en el artículo 583 del Código Civil para el Estado de Puebla, vigente hasta el 27 de junio de 2011, que disponía quiénes debían consentir la adopción de un menor de edad, es necesario distinguir ante qué autoridad se constituye la adopción (el juez de lo familiar) y ante qué autoridad se debe otorgar el consentimiento para iniciar el trámite de adopción. En este sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, conforme a lo dispuesto por dicha legislación, el Ministerio Público es autoridad competente para recibir el consentimiento a fin de realizar el trámite de adopción de un menor por parte de quien ostenta la representación del mismo, dadas las funciones del Ministerio Público en materia familiar y como auxiliar de la autoridad judicial. Esto es así ya que los agentes del Ministerio Público son representantes sociales a quienes les corresponde, entre otras funciones, el proteger los intereses individuales y sociales en general, incluyendo en éstos los derechos de los menores e incapaces, así como la intervención en los juicios civiles o familiares tramitados ante los juzgados competentes; por lo mismo, se considera que éstos son competentes para recibir el consentimiento de quien ostenta la patria potestad del menor para iniciar los trámites de adopción.

Amparo directo en revisión 348/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos; J.R.C.D. reservó su derecho para formular voto concurrente. Ausente: A.G.O.M.. Ponente: A.Z.L. de L.. Secretario: J.M. y G..

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