Temen que con ley se abuse de bienes
| Autor | Abel Barajas |
La Ley de Extinción de Dominio presentada por el Presidente Felipe Calderón al Congreso, la cual podría ser dictaminada hoy en la Comisión de Justicia del Senado, prevé que un particular pueda perder su casa si no comprueba que no sabía que su inquilino era un narcotraficante, por ejemplo.
Pero además, ese procedimiento de extinción de dominio para un particular será independiente al juicio penal para el delincuente, en el cual éste último podría ser exonerado.
Incluso, la persona no podrá disponer de su bien mientras dure el procedimiento de extinción, cuya instrucción tampoco podrá suspenderse con el amparo.
Esa iniciativa presidencial dividió opiniones entre dos penalistas consultados por REFORMA: Alonso Aguilar Zinser y Fernando Gómez Mont.
Aguilar Zinser dice estar convencido de que es indispensable que el Estado tenga mayores instrumentos para combatir al crimen organizado y privar a los delincuentes de los recursos que les permiten realizar su actividad.
Pero señala que en los términos en que fue redactada, esta ley puede propiciar que un acusado al final de un juicio sea absuelto y que el inmueble en el que vivió se pierda en favor del Estado, aunque se trate de una propiedad que no le pertenece, sino que le alquilara un tercero.
Desde su punto de vista, esto daría lugar a dos verdades legales contradictorias, razón por la cual estima más adecuada la figura del aseguramiento, que priva temporalmente de la posesión al titular de los bienes, hasta que se determine su responsabilidad en el juicio.
"Si estableces procedimiento sumario para que el Estado se adjudique esos bienes sin que medien los derechos y garantías que median el procedimiento penal para el acusado, estarás estableciendo una excepción y una disminución de garantías individuales respecto de los titulares de esos bienes", dice quien ha sido abogado de Óscar Espinosa Villarreal y Raúl Salinas de Gortari.
A su vez, Fernando Gómez Mont, aunque observa un error muy específico en la reforma constitucional al artículo 22, a grandes rasgos califica como razonable la propuesta del Presidente, porque está dirigida sólo a delitos graves como el narcotráfico.
Dice que una de las principales ventajas de la norma es que pretende impedir que sean legitimadas las grandes fortunas de narcotraficantes y miembros de la delincuencia organizada, que hoy sin tantos problemas heredan su riqueza a sus descendientes.
"Son cuatro o cinco delitos muy graves, no es un procedimiento abierto para...
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