Temen abogados control del Estado
| Autor | David Vicenteño |
MURAL / México
MÉXICO.- El Gobierno federal plantea un mecanismo de certificación de abogados para garantizar su profesionalismo y ética durante los litigios en materia penal, pero su iniciativa omite definir quiénes y cómo integrarían el consejo que certificaría a los interesados.
Para Martha Tamayo, de la Comisión de Justicia del Senado, y para Marco Antonio Díaz de León, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, lo anterior representa un riesgo de control y revancha gubernamental hacia los abogados que litigan en contra del Estado.
"Hay un enorme riesgo, se pueden propiciar monopolios de despachos que sean bien vistos por el régimen... y hasta dónde habría un tratamiento igualitario para todo mundo y hasta dónde una revancha para quienes puedan litigar en contra del Estado", planteó la legisladora priista.
"Necesitamos ver cuál va a ser su regulación, porque de otra manera puede dar resultados no deseados, con un sistema que impida litigar y hacer ejercicio de la profesión", advirtió a su vez el investigador y profesor de Derecho Procesal Penal.
En su iniciativa de Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, firmada y enviada al Poder Legislativo el pasado 29 de marzo, el Presidente Vicente Fox propone que sea el Consejo de la Judicatura Federal -órgano de administración y vigilancia del Poder Judicial- el responsable de otorgar la certificación a los abogados que pretendan ejercer su profesión en el área penal.
Plantea que de ser aprobada la iniciativa, las reformas que se refieren a esta eventual nueva tarea del Consejo de la Judicatura entren en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para dotar al organismo de los recursos necesarios y expedir las normas de operación sobre la certificación.
En ese año, el Consejo de la Judicatura tendría también que certificar a los abogados interesados, pues la iniciativa de reforma indica que las nuevas reglas para litigar en materia penal aplicarían al año siguiente de su publicación, y para entonces los abogados penalistas ya tendrían que estar certificados.
La iniciativa foxista detalla incluso que los solicitantes tendrían que ser sometidos a una prueba práctica y una teórica, cubrir una cuota por concepto de examen y refrendar su certificación cada cinco años, pero no define las características del equipo que evaluaría y calificaría a los profesionistas interesados.
Bernardo León Olea, jefe de la Unidad de Proyectos de la...
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