Teme regidora de Monterrey responsabilidad por desacato

AutorDaniel Reyes

El incumplimiento del Ayuntamiento de Monterrey a la orden que dio un Tribunal Colegiado para dejar sin efecto la separación definitiva de Fernando Larrazabal a la Alcaldía podría tener consecuencias legales, de acuerdo con dos jurisprudencias sobre los alcances de las suspensiones de amparo.

La advertencia fue planteada por la regidora del Partido Verde Dora Luz Núñez, quien entregó a la Administración un estudio jurídico externo en el que se alerta la posible comisión del delito de abuso de autoridad en caso de no atender la orden judicial.

Núñez dijo estar preocupada por las posibles implicaciones de no haber atendido en forma inmediata la orden del Tribunal, recibida el viernes pasado.

En lugar de ello, el Municipio decidió esperar cuatro días naturales a que el Juez Tercero negara la suspensión definitiva a un ciudadano, y declarar entonces improcedente la orden del Tribunal.

Una de las jurisprudencias, dictada en 2008 por la Suprema Corte de Justicia bajo el registro 170037, establece que aun cuando cesen los efectos de una suspensión en el juicio principal, la autoridad que no acate una orden en su momento incurrirá en responsabilidad.

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