La suplantación Maestra
| Fecha de publicación | 28 Diciembre 2020 |
| Autor | AlbertoAguirre |
Al final del sexenio peñista había un cúmulo de escándalos que amenazaban la permanencia del PRI en Los Pinos: a las revelaciones por la Casa Blanca de Angélica Peña siguieron la divulgación del caso Tlatlaya y los infaustos sucesos en Iguala, que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Esos escándalos afectarían indefectiblemente a los procesos electorales. En el 2015 se resintieron sus primeros efectos y al año siguiente, con la revelación de los audios que vinculaban a exfuncionarios mexiquenses con directivos de la constructora española OHL, ya se atisbaban otros funestos derroteros.
La Auditoría Superior de la Federación ya investigaba la subcontratación de servicios —al amparo del artículo 1 de la Ley Adquisiciones— que coloquialmente se denominó la Estafa Maestra. El peñismo pronto definiría a su candidato presidencial y esas revelaciones impactaron las aspiraciones del grupo que impulsaba al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El combate a la corrupción sería uno de los drivers de la elección presidencial del 2018 y las denuncias contra Rosario Robles Berlanga y sus principales colaboradores fueron radicadas ante la Función Pública y la extinta PGR.
La #OperaciónEntregables fue la investigación periodística que visibilizó la simulación de procesos administrativos para solventar las observaciones formuladas por los auditores al gasto irregular de al menos 7,700 millones de pesos entre 2010 y 2017 en la extinta Sedesol y Sedatu.
Entre octubre de 2015 y diciembre de 2016, la ASF interpuso seis denuncias penales por convenios firmados entre funcionarios de Desarrollo Social y siete universidades, además del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo. Al final del sexenio peñista fueron denunciados 16 colaboradores de Robles Berlanga que tuvieron cargos en ambas dependencias y firmaron convenios por 3,258 millones con universidades y organismos de comunicación entre 2013 y 2016.
Entre los implicados, solo el exsubsecretario de Ordenamiento Territorial, Enrique González Tiburcio, y su subordinado, Armando Saldaña Flores, acudieron a la PGR para denunciar la falsificación de sus firmas. Primero —en julio del 2017— ante el Órgano Interno de Control de Sedatu y posteriormente ante la PGR.
Las rúbricas de ambos aparecían en el convenio suscrito con la Universidad Politécnica ubicada en Francisco I. Madero (El Mexe), Hidalgo, por 185 millones de pesos.
De denunciantes a imputados, ambos...
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