Suman 300 casos de acoso político
| Autor | Mirna Ramos |
La guerra política de meses entre el Gobierno de Samuel García y los Diputados del PRI y del PAN ha escalado a niveles de persecución nunca vistos en Nuevo León.
De acuerdo con testimonios y documentos recabados por EL NORTE, la Administración emecista emprendió una estrategia de acoso político -mediante el uso del aparato estatal- de la que se desprenden al menos 300 acciones de presión no sólo a legisladores, funcionarios y líderes del PRIAN, sino también a familiares, amigos, compadres, simples conocidos y hasta a personas a las que equivocadamente se les liga con los rivales políticos del Gobierno.
Denuncias penales, clausura de negocios, congelamiento de cuentas bancarias, requerimientos fiscales, investigaciones en materia de inteligencia financiera, imposición de multas, reducción y corte en el servicio de agua, detención de trabajadores e incluso la descarga de toneladas de basura en sus domicilios son algunos de los actos que acusan los afectados.
Entre las dependencias usadas por el Estado para sus acciones están la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), la Subsecretaría de Administración Tributaria (SAT), Fuerza Civil, las Secretarías de Medio Ambiente, Trabajo y Salud, y las Direcciones de Agua y Drenaje, Protección Civil y Simeprode.
También han presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción local.
Aunque la mayoría de las acciones del Estado van dirigidas a integrantes del Legislativo, también ha habido contra miembros de instituciones consideradas por el Gobierno como afines al PRIAN, como la Fiscalía General, la Auditoría Superior del Estado, el Poder Judicial y Derechos Humanos, además de Alcaldes, empresarios y líderes políticos.
Según el Estado, los Diputados y funcionarios objeto de estas denuncias e investigaciones se han enriquecido ilícitamente a costa de sus puestos anteriores, y desde los cuales algunos de ellos han tejido redes de nepotismo.
Los afectados refieren que el hostigamiento hacia ellos inició el año pasado cuando interlocutores del Gobierno empezaron a ofrecer dinero, cargos y candidaturas a Diputados locales de Oposición para que se sumaran a la bancada de MC.
El objetivo era tratar de restarle poder a los grupos del PAN y del PRI que -en conjunto- tenían mayoría calificada en el Congreso, lo que les permitía hacer nombramientos, como el de los Fiscales, y realizar reformas constitucionales para las que se requieren 28 votos.
Estos actos...
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