Subterráneo / Problema moral

Hace tiempo ya que el área de justicia viene arrastrando un problema que en apariencia no tiene solución.

El problema es sencillo: ¿es legítimo que participen en tareas gubernamentales, sea en calidad de funcionarios, sea en calidad de consejeros, abogados penalistas que se han enriquecido defendiendo delincuentes?

La dificultad no parece igual juzgada en abstracto que al considerar casos concretos.

EJEMPLOS

Hay varios casos que pueden servir de ejemplo. Uno ellos es el de Víctor Antonio Carrancá Bourguet, actual subprocurador en la Procuraduría capitalina y a cargo del control de procesos, o sea que es el responsable de procesar a los presuntos responsables y de presentar pruebas de su culpabilidad.

El problema aquí es que el licenciado Carrancá Bourguet defendió, cuando atendía su despacho, a los miembros de la escolta de quien era entonces subprocurador, Javier Coello Trejo, acusados y finalmente encontrados culpables, de haber violado a poco más de una docena de jovencitas en el sur de la ciudad.

Visto así el problema es el siguiente: ¿es admisible o legítimo que actúe en función de autoridad -o sea que actúe a nombre nuestro-, un defensor de violadores? ¿puede confiarse en una persona así?

Fernando Gómez Mont, un conocido abogado panista, nos ofrece otro ejemplo: ha sido defensor -y todavía lo sigue siendo-, de gente como Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau Rocha y, a su juicio, hay cierta incompatibilidad entre el ejercicio independiente de su profesión y la función pública, de ahí que no acepte un cargo oficial mientras siga atendiendo su despacho. Cree, no obstante, que la ética profesional tiene límites y que no está impedido para actuar como asesor y participar en la discusión de cómo deberían ser los tribunales y otras instituciones de justicia en el próximo gobierno. Sólo que, de nuevo ¿puede confiarse que en su participación vigile sólo el interés público y no se dedique a cuidar sus propios intereses?

Sara Cartagena Flores, también subprocuradora capitalina, nos ofrece un último caso. Se sabe que en 1992, cuando era asesora del Procurador del Estado de Morelos, puso serios obstáculos para que se investigara a Apolo Bernabé Ríos García, responsable, entre otras salvajadas, del asesinato y tortura...

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