Subterráneo / Barbaridades jurídicas
El camino está en la ley: antes de detener a una persona como probable responsable de un delito, las autoridades tienen que investigar el asunto, reunir las pruebas necesarias y, ya con ellas, aprehenderlo y presentarlo ante el juez. De que lo agarren a que lo lleven con el juez no deben pasar más de 48 horas.
Durante mucho tiempo eso fue lo que se hizo. Todo el siglo pasado, sin teléfonos, ni fax, ni aviones y aunque hubiera invasión o guerra, las autoridades cumplieron con lo ordenado por la ley.
Después de la Revolución las cosas empezaron a torcerse y, poco a poco, los agentes del Ministerio Público y de la policía judicial adquirieron la maña de hacer las cosas al revés: en lugar de investigar para detener, lo que hacían era detener para investigar.
Hacían las cosas al revés, claro, porque no sabían investigar y, como no sabían, lo mejor era detener a alguien que les pareciera sospechoso, encerrarlo y obligarlo a confesar. El procedimiento tenía una ventaja: es mucho más fácil hacer que un inocente "confiese" lo que no hizo que andar buscando al verdadero responsable.
Durante algunos años no hubo problemas, ya que la confesión era considerada la "reina" de las pruebas, pero luego fueron tantas las quejas por las torturas y los maltratos que se cambió la ley para que dijera que una confesión así, solita, no tenía valor si no había otras pruebas que la confirmaran.
Ahí empezaron los problemas porque el plazo de 48 horas ya no les ajustó para juntar las pruebas necesarias, así que se pusieron a reclamar pidiendo más tiempo para la "investigación". Por ese motivo en tiempos de Salinas, se reformó la Constitución aumentando el plazo a 96 horas para los delitos "graves" -o sea los que le preocupan al gobierno, ya que los otros ni los ve-.
Sólo que ni así: como son tan burros y no saben hacer las cosas conforme a la ley, empezó a suceder que los jueces soltaban a los sospechosos que les presentaban señalando que las pruebas estaban chuecas o eran insuficientes.
Los procuradores la agarraron primero en contra de los jueces, diciendo que eran corruptos, que se habían vendido o que estaban locos de remate -acuérdese nomás qué no dijeron de la pobre jueza que soltó al "Chucky"-, pero luego se fueron otra vez en contra de la Constitución, alegando que las condiciones para encerrar a los "criminales" eran muchas y no había manera de cumplirlas.
Total: como no saben investigar para detener, y no les basta con detener para investigar, ahora lo que...
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