Sorpresivas Reformas a las Leyes de Amparo y Orgánica el Poder Judicial y Debate al Respecto
FEDERAL Y DEBATE AL RESPECTO
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Señor Presidente de la Academia Mexicana de jurisprudencia:
Señor Presidente del I. y N. Colegio de Abogados de México;
Señores representantes de la Facultad de Derecho y de la Escuela
Libre de Derecho;
Señores abogados;
En la prensa de esta capital, correspondiente al día 18 de diciembre
último, apareció publicada la noticia de que el C. Presidente
de la República había enviado a la Cámara de Senadores
dos proyectos de reformas, uno a la Ley Orgánica de los artículos
103 y 107 de la Constitución Federal, y otro a la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, y que en ellos se atribuía
al Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación la competencia
para conocer, en grado de revisión, de los juicios de amparo en
los que se impugne la aplicación de una ley federal o local por
estimarla inconstitucional.
La Barra Mexicana se comunicó inmediatamente con los señores
licenciados don Antonio Pérez Verdía, Presidente de la Academia
Mexicana de Jurisprudencia y Legislación; don Francisco Javier Gaxiola
Jr., Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México;
don Roberto Mantilla Molina, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional, y don Gustavo R. Velasco, Rector de la Escuela Libre de Derecho,
a fin de decidir las gestiones pertinentes en relación con esas
reformas, que se juzgaron de la mayor trascendencia y que antes no habían
sido conocidas ni previstas por el Foro de la República, que sólo
tenía una noticia secundaria, la creación de un Juzgado de
Distrito en Hermosillo, Sonora, según el último informe del
señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia. La respuesta fue
unánime en el sentido de procurar que se aplazara en el Congreso
la discusión de dichos proyectos, con objeto de que hubiera oportunidad
de estudiarlos y de fijar sus consecuencias con la serenidad que corresponde
a dichas corporaciones; todas vivamente interesadas en la preservación
del valioso patrimonio jurídico que la nación reconoce en
el juicio de amparo y que quiere ver enriquecido y no menguado en el afán
de depurarlo.
Integróse entonces una comisión en la que figuraron los señores
abogados aludidos y el informante, y, ante la dificultad de lograr una
inmediata audiencia del señor Presidente de la República,
porque los acontecimientos coincidían con el fin del año,
se solicitaron y obtuvieron entrevistas con los señores licenciados
don Angel Carvajal, Secretario de Gobernación; don Salvador Urbina,
Presidente del Senado; don José Aguilar y Maya, Procurador de la
República, y don Antonio Carrillo flores, Secretario de Hacienda
y Crédito Público, por cuanto que algunas de las leves recientemente
declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte, se refieren a materia
fiscal.
Ante los cuatro altos funcionarios aludidos se expuso sustancialmente:
que las organizaciones del Foro y las escuelas de Derecho no estaban capacitadas
para presentar con la premura que requería el trámite de
las iniciativas del Ejecutivo, observaciones a las reformas que se pretendían
adoptar; pero que se abrigaban las mas serias preocupaciones, porque se
preveían las consecuencias de esas reformas; porque el problema
no se abordaba en su integridad; porque se juzgaba inconveniente que el
Pleno de la Corte, integrado por 21 Ministros, fuera el tribunal encargado
de juzgar acerca de la constitucionalidad de las leyes, y porque era evidente
que se presentaba un nuevo obstáculo para el desahogo del rezago
de los negocios de la misma Suprema Corte.
Desgraciadamente no fue posible lograr el aplazamiento de la discusión
de las iniciativas en el Congreso. En el Senado fueron aprobadas en la
sesión del 20 de diciembre, y en la Cámara de Diputados,
en la sesión del día 27, juntamente con otros seis proyectos
de ley. Sólo dos voces se alzaron en contra: la del senador Fausto
Acosta Romo y la del diputado Manuel Sierra Macedo.
Aunque las organizaciones mencionadas no habían logrado éxito
en sus gestiones tuvieron oportunidad de exponer sus puntos de vista generales
sobre las reformas y sobre otros importantes temas relacionados con la
administración de justicia, que ameritan un debate nacional, y sin
duda los funcionarios entrevistados, como distinguidos juristas que son,
participan de las inquietudes del Foro y del anhelo de encontrar las soluciones
más acertadas. Así debemos interpretar la deferencia con
que fuimos tratados; la amplitud en el cambio de impresiones, y sobre todo,
la sugestión que el señor licenciado Carrillo Flores formuló
en el sentido de someter a la consideración del señor Presidente
de la República la conveniencia de integrar una comisión
mixta, formada por representantes de la Secretaría de Gobernación,
de la Procuraduría General de la República y de las organizaciones
profesionales, para avocarse el estudio de los problemas del amparo.
Pero las instituciones que organizan este acto consideran que es inaplazable
deber suyo informar al Foro acerca de las gestiones que realizaron en una
cuestión de vital trascendencia, y de suscitar el debate, porque
la preocupación de los juristas crece a medida que se profundiza
en las reformas ya vigentes, y la inquietud de los abogados postulantes
se justifica cuando un mes después de la promulgación, la
Corte todavía no resuelve el primer amparo de la índole de
los que competen al Pleno, ni conoce tal vez el número de los que
están en trámite; lo que indica que no existe una fácil
mecánica del procedimiento, ni podrá lograrse justicia pronta
y expedita.
En la razonada ponencia que ha preparado el señor licenciado don
-
Jorge Gaxiola, digno ex Presidente de este Colegio, afirma que el amparo
ha sufrido una verdadera limitación, que lamentablemente se decretó,
para poner de manifiesto el contraste, en el año de la Constitución
y del Pensamiento Liberal. La Barra Mexicana, por su parte, había
afirmado con orgullo, en el vecino país del Norte, con motivo de
la Septuagésima Quinta de las convenciones anuales de la Barra del
Estado de Texas, que el primer centenario de la Constitución de
57 destacó, más que por la solemnidad de los actos cívicos,
por la madurez del pensamiento académico, gracias a la participación
de los profesores universitarios y de los miembros de la judicatura y del
foro; que los juristas mexicanos renovaron así su firme adhesión
a las instituciones postuladas, cuya vida se prolonga a través de
la Constitución de 1917, y que algún día la Historia
reivindicará para ellos el honor de haber sido depositarios de una
elevada doctrina de derecho político y haberla difundido para que
alcance la plenitud de su vigencia.
Con esta reunión de estudio las instituciones que la promueven rinden
cuenta de la responsabilidad que a ellas incumbe, y probablemente los debates
conduzcan a esclarecer las numerosas opiniones que convergen en dos puntos
capitales: no es posible que el Pleno de la Corte pueda desahogar expeditamente
los amparos en que se reclame la inconstitucionalidad de las leyes, y un
tribunal formado por 21 jueces, no es, ciertamente, el idóneo para
juzgar de esos casos. Recordemos que Rabasa, cuya autoridad unánimemente
se invoca, dice, en La Constitución y la Dictadura: "Sí
algo requiere indispensablemente unidad de pensamiento y de carácter
personal es la obra jurídica; una asamblea puede modificar el detalle,
desechar o introducir una modalidad; pero sobre el conjunto, que obedece
a la idea madre que le da la unidad y armonía, no puede tener más
que un voto de general aprobación o de reprobación absoluta.
Esto por lo que atañe a la obra; por lo que mira a la tarea, su
dificultad está en razón directa del número de personas
que a ella se oponen". Y añade: "...nada hay más
ocasionado a tropiezos que la concepción colectiva de un pensamiento,
ni más difícil que reducirlo a palabras entre veinte personas".
Las consideraciones que el constitucionalista mexicano dedicaba a un cuerpo
político, sin duda son aplicables por mayoría de razón,
a un tribunal de justicia, cuya severa respetabilidad no debe incidir en
los fatales riesgos de una asamblea deliberante. Y a la exhortación
que el señor licenciado Urbina pronunció en el Senado: "hay
que tener fe en la honestidad y patriotismo de los ministros que forman
el Pleno", puede contraponerse la frase admonitoria de Villalobos
en uno de los memorables debates del Constituyente de 57: "Tratándose
de instituciones políticas, no se debe fiar exclusivamente en la
bondad de los hombres, ni en sus virtudes republicanas, sino que es menester
descansar en sólidas garantías.
Esa sólida estructura para el juicio de amparo, es la que busca
el Foro, porque frente al Poder que legisla, al Gobierno que expide el
mandamiento o al Tribunal que, dentro de atribuciones estrictas, concede
o niega la protección, al abogado corresponde la vigorosa misión
de la defensa de las garantías individuales, y quiere conservar
en sus manos, en bien del orden jurídico, el amparo con la eficacia
que ha de derivar de la práctica secular de la institución.
Al finalizar las labores de esta reunión de estudio, la Barra Mexicana
las dará a conocer a sus socios; después los convocará
a una asamblea que resuelva si se adoptan o no las conclusiones, y oirá
el parecer de las asociaciones correspondientes, que son las de Michoacán,
Veracruz, Jalisco, Hidalgo y Zacatecas.
Sin duda la Academia Mexicana y el I. y N. Colegio de Abogados, seguirán
procedimientos semejantes, y todas las organizaciones podrán, finalmente,
presentar a las autoridades y a la opinión pública el fruto
de su trabajo.
Para concluir, agradezco, en nombre del Consejo Directivo de la Barra Mexicana,
la importante colaboración que para llevar a cabo este acto recibe
de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación; del I.
y N. Colegio de Abogados de México; de la Facultad de Derecho y
de la Escuela Libre de Derecho; expreso el mismo reconocimiento a los muy
...
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