Sobreaviso / La renuncia del Consejo
| Autor | René Delgado |
El problema es con los partidos políticos y sus respectivas fracciones parlamentarias, no con los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral. Eso está claro. Sin embargo, el vicio de origen en la integración del Consejo obliga a pedir la renuncia de los integrantes del mismo y exigir a los partidos la reposición del procedimiento.
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Resulta increíble pero así como los pleitos entre y dentro de los partidos políticos han vulnerado hacer de la alternancia una alternativa, el mismo problema llevó vulnerar eso que se llama "el espíritu de la ley" en lo relativo a la integración del Consejo del IFE y, por esa vía, se corre el peligro de reblandecer una institución que venía consolidando crecientemente el valor de la confianza que es fundamental en los procesos electorales.
Desde esa perspectiva, la actuación de los Diputados -principalmente del PRI y el PAN- constituye una regresión. Por un lado, repone un debate electoral superado: el divorcio entre la legalidad y la legitimidad de las decisiones. Por otro lado, usurpa una institución creada y diseñada para la ciudadanía y no para los partidos políticos.
Culturalmente también hay una regresión. Los operadores de Elba Esther Gordillo y Germán Martínez y ellos mismos retrocedieron casi diez años atrás. Si en medio de la adversidad de 1994, un año convulso en extremo, se lograron construir consensos para la nominación del primer consejo ciudadano y, en medio de la presión derivada por la inconclusa reforma electoral en 1996, se logró lo mismo, no otra cosa se podía esperar ahora. Se estaba ante la posibilidad de dar un paso hacia delante, no hacia atrás. Sin embargo, la idea que prevaleció fue retomar el control del Consejo, haciendo de él un botín partidista sin reconocer que es un patrimonio ciudadano.
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En el campo de la legalidad se argumenta que los Diputados cumplieron cabalmente con lo estipulado en la ley electoral y que, por consecuencia, la integración del Consejo es incuestionable.
Hay quienes incluso llevan aún más lejos ese argumento. Subrayan que la elección de los consejeros se dio con el 80 por ciento de los votos de los legisladores, porcentaje que supera con mucho los dos tercios de la votación que la ley exige.
En esa lógica no hay nada que hacer. Y, en una suerte de concesión a la evidencia legal, la legitimidad de la decisión se propone recibirla a plazos. Algunos analistas guardan su malestar y a regañadientes otorgan el beneficio de la duda a los consejeros...
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