Sobreaviso / La fuerza del Estado
| Autor | René Delgado |
"Con toda la fuerza y los recursos del Estado" -dice el gobierno- responderá al desafío planteado por el narcotráfico. El boletín en el que la Presidencia de la República acepta el reto y declara la guerra al crimen organizado es impecable. Que se cuide el narco: el gobierno ya decidió acabar con él. Sin embargo, el comunicado no resiste una lectura atenta y, peor todavía, siembra toda una colección de interrogantes.
La duda más obvia tiene que ver justamente con la fuerza y los recursos que el Estado pondrá en juego. La siguiente se relaciona con la idea que el gobierno tiene de lo que es el Estado mexicano y una más se vincula con la interpretación de que la ejecución de custodios y empleados de los penales es "una reacción a la contundencia con que el gobierno federal ha atacado los intereses del crimen organizado, principalmente el narcotráfico".
Si el gobierno no tiene bien determinada su fuerza y sus recursos, si no tiene bien fincados y cohesionados los cimientos del Estado y confunde la descomposición de su régimen penitenciario con un desafío del narco, corre el peligro de estar planeando su propia emboscada y lastimar, una vez más, a la nación que debe servir.
¿En verdad, el gobierno quiere ir a una guerra con el narco? ¿Es seria esa decisión o es una baladronada más de las que, día con día, se pronuncian?
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A lo largo de los primeros 22 días del año, se han llevado a cabo -de acuerdo con el registro de Reforma- un total de 23 ejecuciones relacionadas con el narcotráfico. Ha habido otras, desde luego, pero vinculadas con el narco se puede dar esa cifra. Prácticamente, una ejecución al día.
Las víctimas han sido principalmente funcionarios, mandos y comandantes policiales, además de empleados de los penales de alta seguridad, así como un ex alcalde junto con dos de sus hijos. De ese total, sólo cuatro víctimas han sido presumible o manifiestamente operadores o abogados de los narcotraficantes. (Estas cifras no consideran las ejecuciones en Sinaloa que, en principio, podrían duplicar el número referido.)
La gran interrogante es la causa por la cual fueron ejecutados tal número de servidores públicos relacionados con el combate al narcotráfico. En el deseo, se quisiera tener la plena y absoluta certeza de que fueron sacrificados justamente por la lucha que daban al crimen organizado pero, en buena parte de esas ejecuciones, asoman indicios de que esos funcionarios no eran públicos sino privados: servían al propio narcotráfico.
La...
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