SOBREAVISO / Blindaje electoral
| Autor | René Delgado |
Justo cuando instancias extranjeras advierten del calibre de la amenaza del crimen organizado a la estabilidad y la gobernabilidad de México y los países vecinos, el proceso electoral 2009 activa los resortes de su arranque.
Más allá de los pasos y las tareas que el calendario marca al proceso, la autoridad electoral y las dirigencias partidistas han destinado cierto tiempo al diseño de medidas para contener la participación del crimen en el ejercicio electoral. Nuevas reglas, regulaciones, mecanismos y hasta la buena fe constituyen el arsenal con que funcionarios electorales y dirigentes partidistas quieren contener la incidencia del crimen en el concurso que, hace apenas unos años, se presentaba como la fiesta de la democracia.
Pese a la evidencia de que, en más de una región, el crimen le disputa al Estado el territorio así como el monopolio de la fuerza, el tributo y la moneda, las barreras del IFE y los partidos se advierten débiles frente al tamaño del desafío supuesto en evitar que el campo electoral sea también territorio en disputa por el narco. Si esas barreras se quedan sólo como un propósito en la escala federal sin efecto ni derrama en el nivel estatal y municipal, ni el respaldo de acciones contundentes por parte del gobierno federal, las elecciones de este año en vez de convertirse en parte de la solución pasarán a formar parte del problema criminal.
El esfuerzo oficial por hacer creer que el problema del crimen se reduce a la esfera, valga la redundancia, de los criminales y eventualmente de algunos mandos y corporaciones policiales corrompidas ha llevado a crear una ilusión: el resto de la estructura política y judicial del país está incólume, no ha sido contaminada por el narcotráfico.
En esa lógica, hay narcotraficantes y policías corruptos pero no políticos involucrados en la industria criminal. Cae éste o aquel otro capo, lugarteniente, operador o sicario, o éste o aquel otro mando policial o se depura éste o aquel otro cuerpo policial, pero nunca aparecen políticos involucrados en ese turbio negocio. Oficialmente, México sólo ha tenido un gobernador involucrado con el narco y ése es supuestamente Mario Villanueva, que aún litiga el cargo. Es el único, todos los demás son auténticas santidades de la política nacional.
Extraoficialmente, hay otra realidad o al menos otra percepción. Se señala a éste o aquel otro gobernador, secretario general de Gobierno o alcalde no como servidores públicos, sino como servidores...
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