El sistema de seguridad social del estado de Veracruz/Social Security System of the State of Veracruz.
| Autor | Chávez, Hilario Barcelata |
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la insostenibilidad financiera y la quiebra técnica que enfrenta el sistema de seguridad social del estado de Veracruz, bajo la hipótesis de que esa problemática es resultado de la lógica con que funciona el régimen de beneficio definido en el que se sustenta, las características de su diseño original, la tendencia a incrementar los beneficios otorgados, las reformas a sus variables paramétricas a lo largo del tiempo y la ausencia de un aumento correspondiente de las cotizaciones. Por lo anterior, estas han sido insuficientes para mantener el equilibrio de largo plazo entre los ingresos recaudados y los gastos del pago de las pensiones. Esta quiebra técnica ha generado un déficit actuarial creciente, que ha llevado al sistema a depender de los subsidios que le otorga el gobierno del estado y que pone en riesgo a las generaciones futuras de pensionados, las cuales no tienen garantizada la pensión para la que cotizan.
Este trabajo se organiza de la siguiente manera: en el primer apartado se brinda una revisión de las principales aportaciones teóricas referidas a la problemática analizada. Enseguida se procede al planteamiento de la metodología utilizada y a la presentación y el análisis de los resultados obtenidos. En el siguiente apartado se procede al estudio de las variables paramétricas y sus cambios derivados de las reformas a que se han sometido. Asimismo, se examina el modo en que el déficit de caja anual ha obligado al gobierno estatal a hacer uso de sus recursos presupuestales en forma de subsidios, los que han ido creciendo paralelamente al incremento del déficit. Además, se analiza la situación que guarda la reserva técnica, que se encuentra en niveles insuficientes para contribuir al financiamiento del déficit existente. Por último, se presentan un conjunto de conclusiones y recomendaciones generales, relativas a la necesidad de implementar reformas paramétricas y estructurales para transitar a un sistema de seguridad con viabilidad de largo plazo.
CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL
El objetivo de un sistema de seguridad social es otorgar protección de la seguridad económica de las personas y sus hogares ante contingencias causadas por la ausencia o reducción sustantiva de sus ingresos, como resultado del desempleo, enfermedad, invalidez, vejez o muerte (Coneval, 2012). Dentro de estas prestaciones que las personas adquieren, se ubica la protección para situaciones en las que se llega a la edad de retiro laboral y se requiere una pensión de jubilación que permita tener un ingreso que sustituya el salario recibido como trabajador activo.
Para atender esta necesidad, se han diseñado múltiples sistemas de seguridad social, los cuales se diferencian por la forma en que se financian, por lo que se pueden identificar dos tipos: los sistemas de seguridad social "no contributivos", que consisten en programas sociales donde no existen aportaciones de los beneficiarios para su financiamiento, y en el cual este último se realiza mediante los recursos recaudados por el gobierno. Estos programas cubren riesgos específicos de manera separada (salud, vejez o pensión de retiro para adultos mayores) (Coneval, 2012). Estos programas están dirigidos a la población que no cuenta con la cobertura de un sistema contributivo, como es el caso de los trabajadores informales o los no asalariados que trabajan por cuenta propia, los patrones, los comisionistas y otros tipos de empleos que consisten en trabajo no subordinado a un empleador (Bosch et al, 2013). Este tipo de seguridad social no contributiva no representa derechos adquiridos, porque normalmente son programas sociales que pueden modificarse o suprimirse fácilmente, a excepción de la pensión de retiro para personas mayores de sesenta y ocho años, la cual es reconocida como un derecho humano en la Constitución, lo que garantiza su estabilidad.
Por otra parte, están los sistemas "contributivos", que se financian con aportaciones bipartitas del trabajador y el empleador o tripartita cuando, además, existe una contribución del gobierno. En este caso, la cobertura de seguridad social la constituye un conjunto de beneficios que cubre múltiples riesgos, como salud, vejez, invalidez, jubilación, vida, y riesgos de trabajo y guarderías, y que protege, de manera obligatoria, a todos los trabajadores con una relación laboral subordinada que realiza su aportación. En este caso los beneficios obtenidos constituyen derechos laborales adquiridos con cierto grado de estabilidad en el tiempo.
Estos sistemas contributivos pueden ser de tres tipos: a) de beneficio definido (BD), b) de contribución definida (CD) y c) sistemas mixtos que derivan de diferentes combinaciones de los dos anteriores.
En los sistemas identificados como de beneficio definido de reparto, los beneficios que recibirá el trabajador al final de su vida laboral están claramente establecidos en términos de un porcentaje de su último salario (Aguirre Farias, 2012). Estos sistemas se organizan a partir de contribuciones obligatorias que realizan los trabajadores y su empleador, con las que se constituye un fondo para pagar las pensiones de los que se van jubilando. Es decir, las contribuciones de los trabajadores actuales pagan las pensiones de los jubilados actuales, con la expectativa de que, cuando aquellos pasen a formar parte de la población jubilada, reciban su pensión de la misma manera (CIEP, 2017). Esto significa que las cotizaciones no se destinan a crear un fondo individual de ahorro que estaría disponible e inalterado para el momento del retiro. Por el contrario, el sistema depende de un fondo que se va actualizando a medida que se van jubilando los trabajadores, lo cual exige que exista una proporción razonable entre el número de trabajadores en activo y los que ya reciben una pensión, de modo que las aportaciones actuales sean suficientes para pagar las pensiones presentes. Es decir, las prestaciones causadas no quedan financiadas totalmente en el momento en que se producen, porque ello depende de que existan personas activas que realicen las aportaciones necesarias (Solís, 2001).
Por otra parte, el sistema de contribución definida se caracteriza por definir el monto de las aportaciones individuales que realizarán el empleador y el trabajador, que es una proporción de sus ingresos durante su vida laboral y que se depositan en una cuenta individual, de donde se tomarán los recursos para financiar la pensión de retiro cuando cumpla el requisito de edad y los años de cotización establecidos en la ley, cuyo monto dependerá de la magnitud de esas aportaciones, del rendimiento que se obtenga y del costo que se pague por las comisiones que cobren las administradoras y de la expectativa de vida (Aguirre Farias, 2012).
Por último, los sistemas mixtos consisten en una combinación de los dos anteriores, pudiendo ser de dos tipos: el primero en donde se establece un sistema de beneficio definido básico y se complementa con un sistema de cuentas individuales. El segundo es un sistema de cuentas individuales con una pensión mínima garantizada.
De acuerdo con el tipo de beneficio o contribución, puede decirse que el régimen de seguridad social que prevalece en casi todas las entidades federativas de México es el de beneficio definido: 30 entidades federativas tienen este sistema, mientras que únicamente dos--Nuevo León y Sinaloa--han realizado reformas para crear el sistema de cuentas individuales, aunque prácticamente todos se encuentran descapitalizados y con insuficiencia financiera (CIEP, 2017).
Conforme señala Lomelí Vanegas (2015), el agotamiento de los sistemas de reparto es inevitable debido a la transición demográfica y al incremento del coeficiente de dependencia, aunque en México también ha influido el estancamiento del crecimiento del empleo formal, justo en el momento en que inició la quiebra de estos sistemas. En el mismo sentido, Villarreal y Macías (2020) afirman que el diseño del sistema de reparto asumió la premisa de que las aportaciones de los trabajadores actuales serían siempre suficientes para financiar la pensión de los jubilados, pero que ello resultó alejado de la realidad, toda vez que la reducción de la fertilidad y los avances en la salud propiciaron que, al mismo tiempo que el número relativo de trabajadores disminuye, la cantidad relativa de adultos mayores se incrementa y, en tanto que política y jurídicamente no es posible reducir el monto individual de las pensiones, se requieren recursos adicionales a las aportaciones, lo que ha llevado a los gobiernos estatales a destinar una parte, cada vez mayor, de su presupuesto para financiar su pago (Villarreal y Macías, 2020).
En este sentido, de acuerdo con Aguirre Farias (2012), los factores que explican esta insostenibilidad financiera son los siguientes: a) el incremento de la esperanza de vida, que propicia el alargamiento del tiempo en que debe pagarse la pensión a una persona y un costo mayor por cada pensión; b) el decremento de la tasa de natalidad, lo que influye sobre el número de nuevos trabajadores que ingresarán a cotizar al sistema y provoca que, en el futuro, la cantidad de personas en edad laboral sea inferior a la de aquellos en edad de jubilarse; c) el reconocimiento de la antigüedad como requisito para obtener una jubilación, lo que conduce a otorgar pensiones a personas que no han cotizado lo suficiente para constituir un fondo que respalde los pagos; d) la inexistencia de un sueldo regulador, pues las pensiones se otorgan con base en el último salario cotizado, de manera que los trabajadores pueden obtener incrementos de salario importantes en los últimos años de su vida laboral y jubilarse con pensiones calculadas sobre salarios elevados, aunque hayan cotizado sobre salarios mas bajos la mayor parte de su vida; e) la falta de una normatividad para la creación de reservas, lo que conduce a inversiones sin planeación...
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