El Sistema Acusatorio Adversarial y Oral, exigencia social
| Autor | Rafael Macedo de la Concha |
| Páginas | 539-544 |
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Nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de transformación y cambios que ya no es posible postergar. Entre esos procesos se encuentra la consolidación de un sistema de justicia más transparente, ágil y respetuoso de los derechos fundamentales de los gobernados.
Los ciudadanos siempre han buscado que se garantice su seguridad, su integridad personal y familiar y la preservación de sus bienes materiales, al tiempo que haya plena protección y respeto de sus derechos fundamentales. Por su parte, los gobiernos han tenido como responsabilidad mantener el orden público y responder a las crecientes necesidades de democratización y justicia. Por ello, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal está ligado a nuestro Estado de derecho y representa un bien colectivo que permitirá a nuestra nación tener las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo y el bienestar social.
¿Qué implica la procuración de justicia en el México del nuevo siglo? ¿Cómo atender a las legítimas demandas de seguridad y justicia del pueblo mexicano? La respuesta a estas preguntas tiene enorme trascendencia, cuando sabemos que de ello depende, en gran medida, el desarrollo armónico y pacíico de nuestro país.
He venido escuchando con frecuencia, en la voz de diversos juristas expertos en materia penal, sobre la viabilidad o inviabilidad de la Reforma Constitucional Publicada en el Diario Oicial de la Federación el 18 de junio de 2008, hay quienes se inclinan -entre los que se encuentra el que esto escribe-, por aceptar la exigencia social de cambiar nuestro actual sistema de justicia y que para ello es necesario hacer frente a tres grandes desafíos que nos plantea el momento histórico: recuperar la conianza ciudadana en los órganos de impartición de justicia; consolidar la justicia como garante de la democracia; y tercero, alcanzar un sistema de justicia expedita y eicaz. Considero que la reforma permitirá enfrentar estos desafíos.
Antes de que la Reforma en materia penal fuera aprobada por nuestro Congreso, insistí en que el verdadero desafío estaba en pensar en que la justicia es un medio para fortalecer el régimen democrático. Nuestro Estado de derecho y la justicia son nuestras mejores armas para proteger al Estado democrático. Cuando las conductas que se desvían de la legalidad reciben una sanción, el fantasma de la impunidad se disipa y el régimen democrático se fortalece.
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Estas propuestas no sólo engloban a la justicia como enunciado de la demo-cracia e involucran la actualización de las instituciones de procuración de justicia para enfrentar las nuevas expresiones de la delincuencia. Es indispensable también impulsar y arraigar una genuina cultura de la legalidad.
Profundizando en el tema de promover los cambios requeridos para que nuestro sistema de justicia respondiera a las nuevas realidades sociales, propuse cinco ejes fundamentales para impulsar la reforma:
Primero. Fortalecer el combate a la delincuencia a través de la uniicación de las policías, con el in de superar problemas de competencia, incrementar el intercambio oportuno de información y coordinar con mayor eicacia acciones de inteligen-cia para investigación y captura de quienes delinquen.
Segundo. Dotar de autonomía y gestión presupuestaria a la PGR, con el in de transformarla en una iscalía que concentre su atención en el combate al delito.
Tercero. Implementar el proceso penal acusatorio, oral y público, para realizar juicios más rápidos, transparentes y eicientes.
Cuarto. Incorporar a nuestro sistema legal, los mecanismos de justicia alternativa que contribuyan a la reparación ágil y real del daño causado a las víctimas del delito.
Quinto. Reformar el sistema de justicia para adolescentes con el objeto de judicializar y tornar garantista el procedimiento penal de los menores.
En estos planteamientos se hacía exigible que revisáramos escrupulosamente nuestro proceso penal y nos cuestionáramos hasta qué punto había sido rebasado por la realidad. Por ello, me pronuncié por la transición a un modelo de justicia restaurativa con un proceso penal de corte acusatorio, mismo en el...
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