Servidores Públicos: Bajo la sombra de la muerte
| Autor | Fernando del Collado |
Alejados de todo reconocimiento, los funcionarios caídos apenas son una estadística, simple recuerdo para quienes siguen al frente del gobierno. Sin homenajes ni conmemoraciones, algunos representan un testimonio real del cumplimiento del deber. Otros se han ido a la tumba ajusticiados por el crimen organizado, que les cobra deudas o, incomodo, los aniquila. Cuando se habla de servidores públicos, la referencia lleva a homicidios, no se toman como víctimas del crimen organizado. Quizá no lo sean, en muchos casos. Ni honra ni condena hay en este recuento. Sólo el señalamiento de que, en el arranque, este sexenio ha sido el más cruento de la historia reciente de México para los funcionarios federales.
En los 15 meses de la administración del presidente Vicente Fox, 21 funcionarios de alto rango han sido asesinados en acciones de extrema violencia. El resultado arroja un crimen cometido contra servidores públicos cada tres semanas.
No es un asunto menor. El registro apunta a convertir a este sexenio en el más violento de la historia moderna de México y, quizá, en el de mayor índice de impunidad, pues en más del 90 por ciento de esos asesinatos, los responsables no han sido detenidos.
Con esta cifra, el actual gobierno se perfila ya a superar los homicidios de los dos sexenios anteriores. Sólo en materia de crímenes contra funcionarios públicos, durante los seis años del gobierno de Ernesto Zedillo se registró un saldo de 30 servidores y personajes públicos ejecutados; 7 muertos en accidentes o circunstancias no aclaradas plenamente y 3 suicidios. Pero a ellos se sumaron más de 450 personas ultimadas, supuestamente por el crimen organizado, en disputas por la tierra o por motivos políticos (Reforma, 7/23/2000).
Durante el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994), el recuento no es menor. Calificado por los partidos de oposición "como el sexenio más violento de la historia de México", el salinato sumó 411 asesinatos cometidos por móviles políticos, en conflictos postelectorales, sindicales, intolerancia religiosa y "ajuste de cuentas". Sólo los perredistas contabilizaron 250 militantes muertos en diversos conflictos durante la era salinista (Reforma, 16/1/1994).
En lo que va del gobierno de Fox, la violencia contra los servidores públicos no parece disminuir y, por el contrario, el ámbito de acción se amplía. Dos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un director de asuntos especiales de la Fiscalía para la Atención de Delitos Contra la Salud de la PGR, elementos del Ejército, comandantes judiciales federales, un superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, delegados de la PGR, dos jueces adscritos a Tribunales Federales, un director de CERESO, un subdirector de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hasta el secretario particular del gobierno de una entidad federativa, se suman a la lista, cuya única conexión parece la impunidad: sólo en uno de esos casos, las autoridades han aprehendido a los asesinos.
Se trata de 21 homicidios cuyo único trabajo judicial es justificado con diversas y variadas "líneas de investigación" relacionadas con el crimen organizado o el célebre "ajuste de cuentas". Ningún avance mayor, ni precisión en la búsqueda de los culpables.
Asfixiados, con tiros de gracia, apuñalados, acribillados a plena luz del día, en la...
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