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Sergio Sarmiento / La persecución

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Vincent
AutorSergio Sarmiento

"A los amigos, justicia y gracia.

A los enemigos, la ley a secas".

Atribuida falsamente

a Benito Juárez

La Fiscalía General de la República ha presentado una nueva acusación, la cuarta, contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Con anterioridad lo había acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y defraudación fiscal. La nueva es por peculado, pero sorprende que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, declaró que el delito lo cometió por haber fijado "la Casa de Gobierno de Tamaulipas como lugar para oír y recibir notificaciones".

Señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones es un acto legal que ratifica la disposición del defendido para seguir un proceso. En una acusación federal, el acusado puede señalar el domicilio que le convenga dentro del territorio nacional. Que declare como tal su residencia oficial mientras ejerce el cargo de gobernador es perfectamente natural. Lo mismo haría, probablemente, el presidente López Obrador en caso de enfrentar un proceso. El que se haya vacunado en la alcaldía de Cuauhtémoc y haya anunciado su intención de votar en esa misma demarcación, y no en Copilco o en el rancho de La Chingada en Palenque, subraya que reside en Palacio Nacional. Es el lugar más lógico para oír y recibir notificaciones.

Que la FGR presente acusaciones penales al gobernador por señalar Casa Tamaulipas como lugar para oír y recibir notificaciones comprueba que estamos presenciando una persecución política. No hay en esta designación ningún peculado, ninguna malversación de fondos públicos. Es una declaración de que el gobernador no se está ocultando y está disponible para enfrentar los procesos.

No conozco los expedientes contra García Cabeza de Vaca y no puedo saber si es culpable o inocente, pero las irregularidades en los casos en su contra son enormes. A la Cámara de Diputados la FGR le solicitó la declaración de procedencia por los tres primeros delitos, pero los propios diputados oficialistas, como Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, reconocieron que no había pruebas ni para lavado de dinero ni para asociación delictuosa. La mayoría...

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